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Los juzgados de Zamora abrieron el año pasado un total de 125 diligencias por delitos de accidentes laborales, tres de ellas por homicidio y el resto por lesiones. Mientras que los casos que llegaron a los juzgados por homicidio en el 2007 aumentaron respecto al anterior -cuando fueron dos las diligencias abiertas-, los delitos por lesiones disminuyeron, ya que fueron nueve menos, según los datos de la memoria anual de la Fiscalía.

No obstante, el propio fiscal jefe, Rafael de Vega, hace constar en el documento que es muy alto el número de trabajadores que sufren lesiones y que no quieren reclamar por los daños sufridos y explica que se detectan casos en que el accidentado es el propio empresario, bien autónomo o bien miembro de una cooperativa con pocos socios, «de forma que prefieren no denunciar expresamente los hechos».

El fiscal matiza que estas situaciones se dan en casos de accidentes con consecuencias leves o menos graves, en las que el trabajador recibe el alta tras la primera asistencia, «pero no cuando se trata de lesiones graves o muy graves».

En la estadística de la Fiscalía se recogen los sectores que han registrado mayor siniestralidad, y son la construcción y agricultura los que encabezan la lista y en los que, además, se registraron los accidentes con peores consecuencias.

En concreto, en construcción se registraron dos de los cuatro accidentes mortales contabilizados el año pasado, además de cuatro accidentes graves, y en agricultura y ganadería hubo siete accidentes graves y uno muy grave. Otro accidente mortal se produjo en una actividad de extracción de minerales y el cuarto en una industria.

La causa de dos de los accidentes fue el resbalón y caída, mientras que los otros dos trabajadores murieron electrocutados, por contacto directo con una red eléctrica. En el documento de la Fiscalía se hace constar que en estos dos últimos casos hubo incumplimiento de las normas de prevención.

Una de las muertes se produjo en las instalaciones de Pevafersa en Toro, donde Jesús Ballesteros, de 25 años y natural de Benavente, falleció electrocutado cuando estaba con un compañero subido en una cesta desde la que manipulaba una torreta de media tensión.

En construcción se produjeron las dos muertes por caída de altura; una de ellas en julio, en una empresa radicada en Badajoz, y otra en septiembre, que tuvo lugar en Morales de Toro. Se trataba de Óscar P. M., de 33 años y natural de Granja de Moreruela, que se cayó del tejado del cobertizo de una vivienda en la que trabajaba.

De los procedimientos tramitados y sentenciados por accidentes laborales, la mayoría de ellos fueron sobreseídos o archivados de forma provisional o definitiva; se trata de hechos ocurridos en años anteriores por los que la Fiscalía no presentó escrito de acusación por delito.

Únicamente el Juzgado de lo Penal emitió una sentencia, que fue condenatoria y por conformidad. El juez condenó al director de obra de una empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores y por otro de homicidio imprudente al considerar que había vulnerado varios preceptos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que empleó en una grúa a una persona que no había recibido preparación y, además, el lugar de la obra carecía de medidas de seguridad, por lo que el gruista sufrió lesiones graves.

Los accidentes laborales dieron lugar, además a 137 sanciones por incumplimientos en materia de prevención y seguridad de los trabajadores.

En concreto, la Oficina de Trabajo impuso un centenar de sanciones por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, tanto por omisión de las normas de protección como por no tener elaborado el plan de seguridad. Además, Trabajo impuso 37 sanciones en materia de relaciones laborales.

En los casos de incumplimientos más graves, la Administración regional llegó a paralizar la actividad. Así lo hizo en siete empresas; en seis de ellas por falta de protecciones individuales y colectivas, y en la otra por falta de protecciones en el puesto de trabajo con riesgo eléctrico.

Las sanciones en materia de relaciones laborales aumentaron ligeramente respecto al año anterior (de 34 a 37), mientras que disminuyeron las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales (de 188 a 100).