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Ni una sola de las parcelas municipales de cuya enajenación dependen unos ingresos futuribles de 4,8 millones de euros para ejecutar inversiones se ha vendido a estas alturas del año, y ni siquiera se han sacado los pliegos de condiciones, por lo que el grupo socialista advirtió ayer del riesgo que corren los 37 proyectos supeditados a esta partida «ficticia», entre ellos la urbanización de los barrios de Carrascal y Villagodio.

«¿Qué pensarán los vecinos de estos barrios cuando vean que los proyectos quedan sin ejecutar?», planteó ayer el concejal Luis Carlos López Arribas, que volvió a insistir en que los presupuestos del 2008 son inviables porque se asientan sobre ingresos «increíbles», como una recaudación de multas valorada en 1,2 millones de euros, el cobro de 2,9 millones a los Ayuntamientos de Roales, La Hiniesta y Valcabado por la depuración de aguas, y la enajenación de parcelas, que supone el 28% de la financiación de las inversiones. Y ello, pese a que en el 2007 sólo se consiguió vender uno de los solares previstos.

Según López Arribas, el equipo de Gobierno «no sólo no cumple lo que promete, sino que constantemente recurre a la modificación de crédito, como el que llevará al próximo pleno». A su juicio, es un contrasentido que la reducción de 100.000 a 57.000 euros de la partida para obras de urgencia «se haya llevado el mismo día que el arreglo de la chapuza de la avenida de Galicia».

La oposición socialista ha solicitado que los servicios de Intervención municipal emitan un informe, para su análisis en la Comisión de Economía y Obras de este mes, sobre las previsiones de ejecución de la partida de ingresos correspondiente a enajenaciones de suelo y un calendario de aprobación de los proyectos técnicos, licitación y ejecución de las obras condicionadas a estas ventas.

En el escrito registrado, los socialistas recuerdan que en el informe de Intervención sobre el presupuesto ya advertía de que «determinadas inversiones financiadas mediante enajenación de parcelas sólo muy dudosa y laxamente podrían considerarse incluidas dentro de los fines legales».

Asimismo, se calificaba como «manifiestamente contradictoria la financiación de determinadas inversiones sujetas a plazos imperativos, gastos previos a la realización de otras inversiones, tales como expropiaciones o incluso de la partida de obras de urgencia con recursos que no estarán disponibles ni permitirán la disponibilidad de los créditos de gastos hasta que no se haya producido la enajenación y pago de las parcelas, lo que puede implicar finalmente la inejecutabilidad de las obras».

Además de ahondar en esta crítica, el portavoz socialista, Carlos Hernández, advirtió de que, al no poner en el mercado suelo obtenido de actuaciones urbanísticas, el Ayuntamiento de Zamora no está ejerciendo la función de control de precios y «en una época de cierta crisis inmobiliaria, tampoco sirve de motor para la construcción de viviendas protegidas para las personas con menos recursos».

Por ello, Hernández pidió al equipo de Gobierno que ponga a disposición de la Junta de Castilla y León terrenos para este tipo de viviendas, «que en Zamora no se construyen desde hace doce años».

El grupo socialista insistirá, además, en la petición de los vecinos del barrio de La Villarina para que el Ayuntamiento desmantele una antena de telefonía móvil instalada por Telefónica sin licencia, después de que en el pasado pleno fuera votada la moción presentada.

Hernández pedirá a la alcaldesa, Rosa Valdeón, que explique «por qué se ha dejado transcurrir el plazo de prescripción sin emitir un expediente sancionador». En este sentido, los socialistas se preguntan si esta decisión puede obedecer «a la amistad con alguno de los interesados» o simplemente se enmarca dentro de una mala gestión.