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El tiempo se agotó. El pasado miércoles expiró la prórroga otorgada a finales del año pasado para que las empresas que estuvieran obligadas a ello pudieran hacerse con la llamada autorización ambiental integrada que establece la Unión Europea (UE). La amenaza del castigo se extiende ya sobre una gran parte del tejido industrial de la provincia; y es que apenas un puñado de las compañías segovianas han aprovechado el beneplácito de la ampliación de los plazos para tramitar la pertinente autorización.

Ecologistas en Acción ha elaborado un censo demoledor sobre el elevado grado de incumplimiento de la normativa. El informe de la asociación desvela que sólo una de cada cinco empresas segovianas dispone de la licencia. Esto representa un paupérrimo 20 por ciento del conjunto de actividades obligadas a funcionar con el citado permiso. El resto o no lo ha solicitado o está aún pendiente de la obtención, ya sea en el inicio del procedimiento o en la fase de información.

El escenario no es mucho mejor en el cómputo global de Castilla y León si se observan los datos a 30 de abril, fecha en la que acababa el plazo establecido por las autoridades para disponer de la licencia ambiental integrada. Únicamente tres de cada diez actividades operaban con la autorización. Aún así, un porcentaje en términos relativos superior al registrado en el entramado segoviano.

De las 145 empresas que funcionan en la provincia y que además están sujetas a la autorización ambiental, únicamente 31 poseían el permiso ambiental integrado en la fecha del cierre del plazo para su obtención.

Multas de 2 millones

La irregularidad en la que incurren las industrias que operan sin la licencia no es moco de pavo, ya que de mantenerse en la ilegalidad, las sanciones a las que se enfrentan los titulares de las explotaciones pueden alcanzar los dos millones de euros en cada caso, si lo que se busca es castigar el bolsillo de los empresarios que vulneran la Directiva europea.

Además, aquellas industrias que decidan arriesgarse a funcionar sin la licencia podrían tener problemas a la hora de mantener la actividad, ya que otro de los castigos que contempla la normativa es su cese.

La autorización ambiental integrada es un documento imprescindible para poder operar en el entorno de la Unión Europea (UE), señalan responsables de la asociación en la comunidad autónoma. La aparente desidia que denuncian los responsables de Ecologistas en Acción es mayúscula si se tiene en cuenta que el propio Gobierno central aprobó el pasado otoño una prórroga de seis meses para intentar evitar el colapso de la actividad industrial. Y es que era el pasado 30 de octubre cuando expiraba el plazo dado en un principio para disponer la autorización ambiental europea.

Desidia administrativa

A pesar de esta deferencia institucional, la adquisición del imprescindible permiso se ha producido con cuentagotas, al menos en lo que se refiere al territorio segoviano.

Ecologistas en Acción apunta a dos posibles causas como las desencadenantes de tanta irregularidad. Por un lado, la agrupación alude a la "incapacidad administrativa"; por otro culpa a "la desidia empresarial generalizada", aunque matiza que siempre se han observado "honrosas excepciones", tal y como figura en el informe técnico.

La organización considera sangrante la dejadez, ya que la medida no es nueva, ni para los organismos oficiales ni para los empresarios. De hecho, las compañías han contado con un tiempo más que suficiente para solicitar la autorización, acondicionar su actividad y acceder al permiso pertinente. La Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación ya estableció el citado plazo del 30 de octubre del 2007 como fecha tope para la obtención de la autorización ambiental integrada.

Aplicación defectuosa

La intención con la que nació esta normativa no era otra que la de alcanzar una mejora sustancial en el comportamiento de la industria europea hacia el respeto por el medio ambiente y el entorno natural, previniendo desde el origen la contaminación mediante la implantación de lo que se ha dio en llamar Mejoras Técnicas Disponibles.

La Directiva contempla, en un segunda línea de actuación, el establecimiento de valores límites de emisiones al aire, las aguas o los suelos que sean coherentes con la preservación de la salud pública y el medio ambiente.

Por último, la legislación impulsada por la Unión Europea posee la etiqueta de "integrada" porque trata de unificar los múltiples permisos ambientales existentes en cada Estado miembro y homologarlos en una única documentación, que es la citada autorización ambiental integrada.

Si el panorama pintado por Ecologistas ya es de por sí bastante negro, la organización también se hace eco de una irregularidad más. Y es que, según denuncia, la puesta en marcha de la autorización integrada ha estado plagada de lagunas y deficiencias.Las provincias con el proceso más avanzado son Burgos y Salamanca, mientras que León, Valladolid y Zamora son las que ocupan la cola del furgón regional en cuanto al cumplimiento de la legislación. Este dato concuerda con que también son los territorios donde más se demora el procedimiento administrativo, con un retraso medio de unos dos años frente a los diez meses que como máximo prevé la norma para el periodo que debe transcurrir entre la solicitud y la resolución de la Administración, informa Ecologistas en Acción. En Segovia, las empresas aguardan de media más de un año y medio, una tardanza que se sitúa casi en el promedio regional.La lista negra de empresas de Castilla y León que carecen aún, y ya fuera de plazo, de la licencia ambiental integrada de la Unión Europea está plagada de grandes firmas reconocidas y claves en la economía de cada una de las provincias.

Como botones de muestra, en Ávila está Nissan; en Burgos, entre las compañías en situación irregular están Campofrío o Leche Pascual. Las centrales térmicas de Anllares, Compostilla y La Robla, en León, también carecen de la licencia. Las vallisoletanas Iveco y Renault son otros ejemplos que cita Ecologistas en Acción. En el caso segoviano, la organización nombra, entre otras, a Dibaq y a Saint Gobain.