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La Junta de Castilla y León reiteró ayer que a partir del próximo curso se atenderá a los cerca de 1.300 alumnos cuyos padres objetaron contra el decreto por el que se desarrolla la materia de Educación para la Ciudadanía aunque, aclaró, no se les puede garantizar si finalmente los menores podrán graduarse o no al no asistir a la impartición de una materia obligatoria.

Así lo puso de manifiesto el consejero de Educación, Juan José Mateos, quien en una comparecencia ante los medios de comunicación mostró su respeto ante la opción de la objeción, de la que por el momento han hecho uso entre 1.200 y 1.300 padres de la comunidad, pero reiteró que, como administración, la Junta no puede dejar de desarrollar una ley básica del Estado dado que incurriría en una irregularidad.

Pese a que la mayor parte de las objeciones presentadas se dirigen contra el Real Decreto elaborado por el Gobierno de España y no contra el decreto de desarrollo de la Junta -texto recurrido por el Ejecutivo central y se encuentra en los tribunales-, que elimina los contenidos de carácter afectivo, emocional, de ideología de género y de confrontación de conflictos sociales, los padres pueden ejercer su derecho a la objeción ya que, reiteró Mateos, los niños que no acudan a clase serán "respetados y atendidos" en los centros y, durante la hora semanal de Educación para la Ciudadanía, realizarán otras actividades bajo la tutela del profesorado.

Tras destacar que esta medida no supondrá un sobrecoste para la Administración regional ya que esta solución se presta en otros casos, el consejero reconoció que, por el momento, no se puede garantizar la finalización de los estudios para los menores que no cursen esta materia y será la ley la que determine qué sucederá con quienes no reciban esta formación, que se impartirá el próximo curso en 2º de Secundaria, 4º de ESO bajo la denominación " Educación ética-cívica" -está pendiente la regulación en Bachillerato, que irá esta semana al Consejo de Gobierno, y en 5º de Primaria entrará en vigor en el curso 2009-2010-.

Las posibilidades de graduación de quienes no cursen la materia constituye una "incógnita", ya que, según el consejero, no desarrollar la ley supone incurrir en la ilegalidad, lo que a su vez tendría consecuencias en la formación de los jóvenes. Mateos destacó el intento del Ejecutivo regional por mantener la neutralidad ideológica de la asignatura.