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La Consejería de Educación atenderá a los alumnos de las familias que objeten contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía ofreciéndoles aulas y docentes donde realizar otras actividades alternativas, ya que la tutela de los estudiantes dentro del centro escolar corresponde a las autoridades educativas y la ley obliga a los alumnos en edad escolar a acudir a los centros educativos. Así lo precisó ayer el titular de este departamento de la Junta de Castilla y León, Juan José Mateos, que ofreció una rueda de prensa para fijar la postura definitiva del Ejecutivo regional en torno a esta polémica asignatura, que comenzará a implantarse en la Comunidad Autónoma el próximo curso con una hora en segundo y cuatro de la ESO, y que irá extendiéndose al resto de los cursos en los sucesivos ejercicios docentes.

Los estudiantes que presumiblemente se opondrán a recibir esta asignatura una vez comience el curso escolar 2008-09 estarán en un aula alternativa atendidos por profesores de los correspondientes centros educativos, tal como sucede en casos de alumnos con otras necesidades educativas, por lo que no supondrá un sobrecoste para las arcas públicas.

El consejero de Educación afirmó que se están recogiendo y registrando las objeciones que están llegando, y que, como indicó, podrán ejercerse en cualquier momento del curso, incluso tras su inicio.

Juan José Mateos, que señaló que personalmente reconocía el derecho de las familias a no cursar esta asignatura "pues el artículo 27.3 de la Constitución contempla que los padres puedan elegir para sus hijos una educación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones", admitió que "nos vemos obligados a impartir esta asignatura" "por imperativo legal". De hecho, el consejero de Educación afirmó que "nos hubiera gustado que las cosas hubiesen sido de otra forma, que la asignatura fuese optativa y poder haber participado en el Real Decreto que regula Educación para la Ciudadanía".

Precisamente en esta normativa correspondiente al Gobierno central centró Mateos su desacuerdo absoluto por contener aspectos, en su opinión, que vulneran el derecho de las familias a educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias. Por ello, la Consejería, a través de un decreto de abril pasado, adoptó el currículo de Educación para la Ciudadanía, "despojándola" de los contenidos más polémicos, lo que en su opinión dejaría sin argumentos a las 1.300 objeciones de conciencia ya registradas, que a su parecer en realidad están objetando contra el Real Decreto ministerial.

Esos contenidos borrados en el decreto regional hacían referencia a aspectos afectivos y emocionales, la denominada ideología de género y lo se puede introducir dentro de estas materias de la confrontación de los valores morales en los conflictos sociales.

Ante esta situación, Mateos reiteró que la objeción es un derecho individual, pero como administración "no se puede incurrir en una inseguridad jurídica" si se aceptase, ya que si fuese así sería "grave incurrir en una desobediencia", pues "tenemos que garantizar la consecución del Graduado Escolar". Preguntado por este extremo, el consejero de Educación afirmó que "es la ley la que tendrá que dictaminar si estos muchachos se pueden graduar", a la vez que indicó que no se trata tanto de aprobar como suspender una materia como asistir a clase, si bien no garantizó en ningún momento que de seguir la normativa tal como está en este momento los objetores logren el Graduado Escolar. En cuanto al recurso ante los tribunales presentado por Ministerio de Educación contra el decreto que regula la asignatura en Castilla y León, Mateos se mostró convencido de que no prosperará a luz de las recientes sentencias, Y en el caso de que fuese desfavorable a la Consejería, el consejero aseguró que se estudiaría bien para recurrir la decisión judicial o introducir los cambios necesarios.