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Los efectos de la huelga mantenida por los funcionarios de Justicia entre febrero y abril aún colean en unos juzgados que continúan acumulando retrasos desde la vuelta al trabajo hace casi tres meses. La situación, sin embargo, «es bastante mejor de lo que esperábamos», matiza el decano de los jueces, Ignacio Segoviano, quien reconoce, eso sí, que los señalamientos de los juicios ordinarios alcanzan ahora hasta los nueve meses de espera hasta la vista oral.

El parón causó una sangría sin precedentes que elevó los tiempos hasta la celebración de los juicios desde los dos hasta los cinco meses, en el caso de los juicios verbales, y desde los seis hasta los nueve, en cuanto a los ordinarios. Todo un manchón en el historial de la Justicia vallisoletana que afecta con especial virulencia a los abogados. El decano de su colegio, Enrique Sanz Fernández-Lomana, lamenta que «se están produciendo en la práctica los retrasos que habíamos augurado y aún tardaremos muchos meses en volver a la situación anterior al comienzo de la huelga de febrero».

Pero no todo es negativo y las horas extraordinarias realizadas por los funcionarios, siguiendo el denominado plan de choque a cuatro meses vista -hasta septiembre- elaborado por el Ministerio de Justicia, comienzan a dar sus frutos.

El 80% de la plantilla está implicada en el proyecto al formar parte del "tramo 1", es decir, los juzgados más afectados y que en la ciudad son prácticamente todos. La palma en cuanto a eficiencia se la lleva el Decanato, donde entran las distintas demandas que luego son distribuidas entre los juzgados. Así, el órgano que dirige el propio Ignacio Segoviano ha logrado sacar desde el 7 de abril, día del fin de la huelga, la friolera de 3.393 asuntos que se encuentran ya distribuidos entre sus destinatarios. «Hemos intentado ir sacando los asuntos acumulados poco a poco para evitar una avalancha y ahora podemos decir que estamos al día», resume el magistrado.

El idílico panorama del corazón del edificio de Angustias no supone una situación similar en los distintos juzgados, cuyos titulares tienen «problemas» para buscar huecos en el calendario de señalamientos para ir despachando casos. La mayoría acumula todavía más de dos meses de retraso en la tramitación de asuntos como el conocido "caso Arroyo". Las declaraciones de los principales imputados estaban previstas precisamente para principios de febrero y se aplazaron hasta después del verano al coincidir con el inicio de la huelga el 4 de aquel mes.

La estancia que peor lleva los efectos del parón es el Servicio Común de Notificaciones, que el 15 de abril acumulaba la friolera de 8.859 comunicaciones sin tramitar. Muchas siguen donde estaban después de que la enorme salida "de papel" procedente del Decanato y del resto de juzgados colapsaran un servicio que, en su caso, tardará varias semanas en agilizarse.

Los profesionales más afectados por tantos retrasos, es decir, los letrados, lamentan a través de su representante, Enrique Sanz, que «nadie ha contado con nosotros para elaborar el plan de choque y desconocemos ahora mismo cuál es la situación real o las medidas que realmente se están aplicando».

El presidente del Colegio de Abogados desea que «ojalá la situación vuelva a ser la que había antes de la huelga en un plazo máximo de un año». El ministerio hará cuentas en septiembre para valorar el resultado del actual plan de choque.