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Las posturas entre las partes implicadas siguen siendo antagónicas. En este caso tomando como base los mismos datos estadísticos, las lecturas que de ellos hacen el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) de Castilla y León, o los abogados mirandeses continúan marcadas por la divergencia.

En esta ocasión quien ha salido a la palestra para exponer sus razonamientos ha sido el Tribunal. Desde el máximo órgano judicial de la Comunidad Autónoma, y que tiene su sede en Burgos, se han ofrecido las cifras concretas de los asuntos que se han registrado en los tres juzgados de lo Penal existentes en la capital de la provincia; juicios directamente relacionados con delitos cometidos en Miranda, y que, como es bien sabido con fecha anterior a febrero de 2006 se habrían visto en las dependencias judiciales mirandesas.

A grandes rasgos, la media de juicios celebrados en la capital de la provincia, procedimientos abreviados y relacionados con la ciudad, es de nueve al mes. Es la tónica general y, además, el volumen de trabajo que se desarrolla en cada uno de los tres juzgados es también muy similar.

Según se ha puesto de manifiesto desde el gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia, en el Juzgado de lo Penal Número 1, en el transcurso del año 2007 se registraron un total de 34 asuntos, mientras que entre enero y junio del año en curso, ya lo han hecho 13.

En el juzgado Número 2 las cifras que se han manejado en este período son prácticamente calcadas, ya que entre enero y junio de 2008 se han registrado 12, y en los doce meses anteriores el número de juicios fue de 34.

En la última de las salas de lo Penal de Burgos, la número 3, también el volumen de trabajo se mueve en datos muy similares. Si en el transcurso del pasado año el número de asuntos registrados fue de 31, en este semestre ya se han alcanzado los 15.

El cómputo general por lo tanto de los juicios de lo penal concluidos en Burgos en el 2007 fue de 99, y en los seis primeros meses del año 2008 ha sido de 40.

El gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia ha querido de este modo «explicar el posicionamiento de los jueces» destinados en Burgos. Ha aportado estas cifras y de ellas dice que son «las reales, las referentes a lo que se denominan procedimientos abreviados, juicios por delitos, y no otros. Aquí no se incluye ningún tipo de diligencia más».

Se ha hecho esta matización porque en el TSJ defienden que cuando algunos abogados manifiestan que los datos que ellos manejan son distintos a los que ofrece la judicatura, «creemos que introducen en sus estadísticas todo lo que se tramita en Instrucción, pero lo cierto es que no todo lo que entra por esa vía acaba llegando a Penal».

En contraposición con esta declaración y recordando cifras de años todavía anteriores, los abogados mirandeses apuntan que en 2004 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de la ciudad se incoaron 119 procedimientos abreviados y se elevaron al Juzgado de lo Penal 124. Y en 2005 la cifra fue de 69 y 81 respectivamente. En cuanto a lo ocurrido en esos mismos años en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1, sólo se dispone del número de expedientes incoados. Y fueron 109 en 2004 y 91 en el siguiente.

Cuando se tomó la decisión de eliminar la celebración de los juicios penales en Miranda se adujo que el número de asuntos no era lo suficientemente significativo como para que tuviera que desplazarse desde Burgos todo el personal que se requiere para la celebración de una vista.

En ese momento, al igual que ocurre todavía en la actualidad, esa cuantificación se presta a interpretaciones porque «no existe un ratio exacto que estipule» el número de asuntos que deberían tramitarse en una ciudad para que tuvieran que realizarse en ella juicios penales.

Desde Burgos, en cualquier caso, lo que sí se ha querido hacer son comparaciones. «Si en relación con Miranda el número de casos registrados el año pasado fue de 90, en la capital, entre los juzgados número 1 y número 2 se llegó hasta los 600. La diferencia parece evidente. Y éste es el principal argumento que utilizan las juezas de aquí. Insisten en que no hay volumen suficiente».

Las titulares de los tres juzgados de la capital burgalesa también han argumentado, según se ha puesto de manifiesto desde el gabinete de información, que hay otras situaciones que deberían ser mejoradas. En ese sentido «no les parece apropiado que los presos deban permanecer en el furgón por falta de sitios adecuados».

Parece pues que las posturas van a seguir estando enfrentadas y que la polémica tiene pocos visos de solventarse en un futuro más o menos inmediato. Sigue habiendo interpretaciones.