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Los autores del estudio consideran una gran empresa aquella con una cifra de ingresos en el 2005 superior a los 20 millones de euros, con capital social superior a 500.000 euros o más de 100 empleados. En el caso de los grupos empresariales, se seleccionaron aquellos con una cifra de ingresos consolidada en el 2005 superior a los 30 millones de euros o aquellas consideradas como holding.

El Auditorio Miguel Delibes fue testigo la semana pasada de una clase magistral de marketing autonómico impartida por el presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera. Su objetivo era vender Castilla y León ante más mil empresarios y directivos que participaban en la capital vallisoletana en un congreso sobre consumidores y mercados sostenibles. De la región, que calificó de «gran producto», destacó su tamaño, su situación de paso «abrazada a otras nueve regiones y Portugal», su apuesta por la formación, la innovación y el diálogo social y la alta velocidad como la «gran revolución» que experimentará Castilla y León a partir del 22 de diciembre.

El mensaje es claro. La región es grande, está bien situada y tiene capacidad para albergar grandes y pequeñas empresas. Sin embargo, en su extenso territorio sólo se han instalado dos empresas por cada kilómetro cuadrado. Se trata de un rasgo más de la despoblación que la define. Estos datos se alejan de los que registra, por ejemplo, Madrid, la comunidad que genera una mayor concentración empresarial en España. En sus escasos 8.028 kilómetros cuadrados desempeñan su actividad 503.000 empresas. En Castilla y León, poco más de 170.000 se distribuyen en sus 94.225 kilómetros cuadrados.

Respecto a las denominadas grandes empresas, el panorama es muy similar. Sólo el 2,7 por ciento de las 5.000 mayores firmas de España se concentran en la comunidad según un estudio elaborado por Iberinform para el Grupo Crédito y Caución. Además, mientras el número de empresas castellanas y leonesas que aparecen en la clasificación se mantiene respecto al informe del 2006, el volumen de ingresos ha sufrido un retroceso de 0,2 puntos, colocándose en el 2,2 por ciento del total nacional. Tanto en número de compañías como en facturación, esta región se coloca en el puesto séptimo tras regiones como la Comunidad Valenciana o Cataluña, pero por encima de otras como Asturias, Castilla-La Mancha o Aragón.

En lo más alto de la tabla, Madrid lidera en solitario el ránking con el 30,7 por ciento de la sede social de las principales empresas españolas y un incremento de casi dos puntos respecto al pasado año. Por volumen de ingresos, el peso de estas firmas alcanza el 49,8 por ciento del total. Tal vez la región consiga captar alguna de estas compañías una vez que empiece a funcionar la línea de alta velocidad entre la capital del país y Valladolid.

Aunque en términos regionales, esta ciudad no es la que acoge el mayor número de empresas (sí las que más facturan de la región como Renault o Michelin). El 31,3 por ciento de las grandes empresas (Grupo Antolín, Leche Pascual o Bridgestone) se encuentran ubicadas en Burgos, que representa el 0,8 por ciento del total del país. En la provincia destacan los focos empresariales de Aranda de Duero (4,4 por ciento y una facturación del 8,4 por ciento) o Miranda (1,5 por ciento). Le sigue Valladolid, con el 26,2 por ciento de empresas y un volumen de ingresos cercano al 50 por ciento del total de la comunidad. En este caso la ciudad concentra parte de las empresas en sus dos principales polígonos industriales, y sólo Arroyo o Aldeamayor concentran volúmenes empresariales representativos.

El resto de las provincias se distribuyen entre el 12,3 por ciento de número de grandes compañías de León hasta el 0,7 por ciento de Ávila, una ciudad con escaso número de empresas pero que cuenta con el potencial de Nissan Motor Ibérica, que facturó en el 2005 un total de 3.059 millones de euros.

No hay que olvidar que la automoción y la alimentación acaparan el 44,3 por ciento de la facturación total de las grandes empresas de Castilla y León. Del resto de los sectores, cabe destacar el 11,9 por ciento de ingresos del caucho y materias plásticas o el 9,1 por ciento del comercio al por mayor.