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Sólo diez de los 41 municipios de la provincia de entre 2.000 y 15.000 habitantes que en el 2005 deberían contar con una depuradora o colector de aguas residuales tienen a día de hoy este servicio operativo. Los procuradores del PSOE Jorge Félix Alonso y María Blanco Ortuñez han presentado una proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León en la que se insta al Ejecutivo autonómico a cumplir el plan director de infraestructura hidráulica urbana, así como a prestar auxilio financiero a los pueblos que aún no tratan las aguas correctamente.

Los parlamentarios han conseguido los datos a través de una pregunta a la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz. Así, en diez localidades se cumple lo establecido en la Directiva comunitaria 91/271 de 1991 sobre calidad de las aguas, en otras doce los proyectos están en redacción, cinco cuentan ya con los planos para llevar a cabo la infraestructura, siete están pendientes de contratar las obras y en cinco los trabajos están en ejecución.

"Revelan los incumplimientos y las demoras de la Junta cuando han tenido trece años para planificar estas obras", señala Alonso, quien cifra la población afectada por esta "falta de compromiso con el medio ambiente" en más de 50.000 personas.

Según la procuradora Blanco Ortuñez, cuando un vertido de agua residual llega sin tratar a un cauce los efectos nocivos sobre él son múltiples. Entre ellos destaca la entrada en los ríos de microorganismos patógenos, la contaminación de la flora y fauna de las riberas, la acumulación de sólidos en suspensión en el fondo y en el cauce, así como la entrada en la red fluvial de sólidos gruesos como plástico y materiales de todo tipo procedentes del consumo humano.

En una comunidad autónoma que se publicita al exterior como vida y naturaleza, los parlamentarios del PSOE consideran que la Junta debería haber hecho los deberes en la materia y no rebasar los plazos establecidos por la UE. A su juicio, casos como el de las Riberas de Castronuño, un espacio protegido en el que habitan especies de gran relevancia como la garza real o el martinete, hay que denunciarlos. "El proyecto está en redacción desde el 2004 y todavía no se sabe nada de él", subraya el secretario provincial del PSOE.

En los antecedentes de la proposición no de ley, ambos políticos recuerdan a la Junta de Castilla y León que aunque los ayuntamientos son los competentes para ejecutar y explotar las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, el Real Decreto 1022/1984 del 11 de abril obliga al Ejecutivo regional a colaborar técnica y financieramente con los municipios.

Jorge Félix Alonso lamenta que con el nuevo convenio que Junta y Ministerio de Medio Ambiente firmarán hasta el año 2015 se tenga que sufragar parte estas obras que ya deberían estar concluidas hace dos años.