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La Junta de Castilla y León obliga al Ayuntamiento de Zamora a justificar la necesidad para la ciudad del cambio de uso y la exclusión de la categoría de suelo rústico con protección agropecuaria de las parcelas de Villagodio, sobre todo si se tiene en cuenta "el tradicional interés agrológico de estos terrenos, que se encuentran acogidos al Plan de Modernización de Regadíos promovidos por el Ministerio de Agricultura".

El documento de referencia de la Junta que servirá de base a la elaboración del informe de sostenibilidad Ambiental (ISA) del plan urbanístico de Zamora, y que ha sido publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado lunes, pone de relieve el alto valor agrario de estos terrenos donde se proyecta instalar el centro logístico (Cylog) y el polígono industrial. Izquierda Unida, que al igual que anunció ayer la asociación de afectados por esta recalificación, presentará alegaciones contra el cambio de uso, al considerar que es "injustificable que se instale el polígono en el mejor suelo agrícola de Zamora, cuando hay un frustrado proyecto de ampliación en Los Llanos que todavía nadie ha explicado por qué fue abortado cuando el convenio con Gesturcal estaba firmado y los trámites concluidos".

El portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Feliciano Fernández, manifestó que el informe de sostenibilidad ambiental dejará claro el motivo por el que se ha elegido esa ubicación para el nuevo polígono industrial de Zamora, "que es puramente estratégico, porque es el nudo de comunicaciones más importante de la ciudad, lo que hace que esa zona sea interesante para la actividad industrial. En Los Llanos ya se decidió que no se iba a seguir con la ampliación, precisamente por las conexiones, pero eso quedará justificado en el informe".

Para Guarido, la de Villagodio y otras prescripciones medioambientales de la Junta sobre recalificaciones del PGOU del 2007 "son un correctivo al Ayuntamiento" y significan en la práctica "que se tiene que empezar de cero en la elaboración del plan, que han sido 15 meses de tiempo perdido y que se ha producido un gasto injustificado de 250.000 euros". Duda de que el reelaborado Plan de Urbanismo, trabajo encargado por la Alcaldía al Instituto Urbanístico de la Universidad de Valladolid, esté terminado en abril como se comprometieron los redactores.

Sin embargo, Feliciano Fernández manifestó que la publicación del documento de referencia es un signo de que el PGOU "está vivo". Ahora, los redactores del plan tendrán que elaborar el informe de sostenibilidad ambiental e introducir esas recomendaciones de la Junta, como justificar la necesidad del suelo urbanizable no delimitado para la expansión de la ciudad (más de 1.910 hectáreas donde se pueden construir 25.000 viviendas) e indicar expresamente sobre los planos las zonas de policía junto al río donde no se puede edificar por el riesgo de riadas y por la protección medioambiental de las riberas. La CHD establece seis sectores inundables que suman 400.000 metros cuadrados de suelo urbanizable delimitado. Si el Ayuntamiento decide mantener esta recalificación, deberá establecer medidas correctoras y comprobar que "impiden la exposición de la población ante las avenidas". Guarido recuerda, en este sentido, que el plan San Frontis está casi acabado "y vulnera la legalidad", y el proyecto básico del plan parcial San Francisco "está aprobado sin que se hayan adoptado medidas correctoras".

El documento de referencia de la Junta también obliga a acreditar la gestión sostenible del transporte "teniendo en cuenta el crecimiento del área metropolitana"; marcar en los planos todas las vías pecuarias; y revisar calificaciones de suelo como la del Camino de la Lobata. Además, contempla que se debe verificar "que las infraestructuras de saneamiento proporcionan un tratamiento adecuado de los vertidos".

Fernández asegura que la elaboración de este documento y la reelaboración del PGOU con la inclusión del 90 por ciento de las casi 9.000 alegaciones planteadas no conllevará retrasos, si bien el ISA, que estaría listo en un mes, conlleva otros 45 días de exposición pública, el mismo plazo que el Plan. "Este es un trámite más y no un retraso", insiste.