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El brusco frenazo que ha sufrido la economía española -que en el primer trimestre sólo creció un moderado 2,3%, su dato más bajo para este período desde 2002- ya ha empezado a trastocar las previsiones presupuestarias de las comunidades autónomas y, salvo un cambio poco probable en la coyuntura actual, las convertirá en "papel mojado" al cierre del ejercicio.

En realidad, esto había ocurrido en años anteriores, donde las estimaciones de las administraciones territoriales eran más optimistas que ahora, pero la diferencia es que entonces no se cumplieron porque el saldo final las mejoró mientras que ahora parece que lo empeorará con creces.

Los expertos hablan ya de una merma recaudatoria próxima a los 4.000 millones de euros, la mayoría debido a la crisis del sector inmobiliario, la segunda fuente de financiación de las autonomías y que, además, aporta un tercio del dinero ingresado a través de impuestos indirectos.

Y es que, frente al incremento medio anual del 20% registrado entre 1997 y el 2006 tanto por el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) como el de actos jurídicos documentados (AJD), entre enero y marzo de este año apenas crecían entre un 3% y un 5% y, además, en bastantes casos por operaciones ya pactadas desde hace meses aunque no ejecutadas hasta el comienzo del 2008. Sin duda, es el desplome de la actividad del "ladrillo" el que más está haciendo mella, no ya en las propias empresas y trabajadores afectados, sino también en las arcas públicas.

No en vano, supone -impuestos incluidos- el 9,4% de sus ingresos, es decir, casi uno de cada diez euros que reciben las administraciones, derivados tanto de la tramitación de licencias municipales como de tributos sobre la construcción o las ganancias patrimoniales, o incluso de la propia venta de terrenos de titularidad pública.

Las regiones más afectadas por esta situación son Cataluña (la de mayor potencial recaudatorio aquí), Madrid (que depende en un 92% de los mayores o menores ingresos que recauda) y la Comunidad Valenciana.