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El 4 de junio del 2000 se venía abajo de forma parcial uno de los lienzos de la muralla medieval de Salamanca obligando al desalojo de las casas anejas a la fortificación. Fue el inicio de un largo proceso jurídico y urbanístico, aún sin resolverse, que el Ayuntamiento de Salamanca trató de aprovechar para despejar el lienzo y derribar las edificaciones adosadas. Sin embargo, ocho después las casas siguen en pie y según denunció ayer el PSOE, el proceso ha supuesto ya unos gastos de más de 4,8 millones a las arcas municipales.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Fernando Pablos, aseguró que ayer se cumplieron «ocho años de una mentira de Julián Lanzarote que ha salido muy cara» y recordó como el Ayuntamiento sostuvo que era imposible rehabilitar la muralla sin el derribo de las casas. Así, emitió varios decretos de alcaldía declarando la ruina y el desahucio forzoso de las viviendas, decretos anulados en los tribunales.

«Ocho años después, la muralla está restaurada y las casas permanecen, los hechos tozudos demuestran la falsedad, entre otras cosas porque el Ministerio de Hacienda, propietario de la muralla, se negó a pagar el capricho de Lanzarote en un momento en el que además gobernaba el PP», aseguró.

El responsable del PSOE en materia de Urbanismo, Joaquín Corona, destacó que los gastos de realojamiento de los inquilinos, la promoción de vivienda de protección oficial para la permuta de terreno y la presencia de una patrulla de la Policía Local durante los tres primeros años ha supuesto al Ayuntamiento «un coste de 4,8 millones que podrá incrementarse hasta los 6 millones», teniendo en cuenta que aún habrá de cerrarse la expropiación de uno de los inmuebles que falta por adquirirse y llevar a cabo la demolición de las casas.

Corona ironizó sobre la conversión de la zona, 500 metros cuadrados, en un espacio ajardinado asegurando que «va a ser la zona verde más cara de España, 12.000 euros por metro cuadrado». Además, insistió en que Lanzarote «ha actuado con absoluto desprecio a los vecinos de las casas, al dinero público y a todos los salmantinos» y afirmó que el coste total del conflicto supone que cada habitante de la ciudad "toque" a 38,5 euros.