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Tierra Comunera (TC) llevará a los tribunales a la empresa Europistas, concesionaria de la AP-1, así como al Ministerio de Fomento por lo que consideran "un cobro irregular" durante la tarde y la noche del pasado 1 de junio, cuando se inundaron varios tramos de la carretera nacional entre Miranda y Briviesca y se obligó a decenas de vehículos a hacer uso de la vía rápida, sin que sus conductores quedaran eximidos de abonar el peaje.

Según explicaron desde la agrupación provincial de esta formación castellanista, se hubiesen ingresado en torno "a 60.000 euros" por este concepto. Las lluvias intensas del fin de semana pasado provocaron inundaciones parciales de la calzada de la N-I, entre Burgos y Miranda de Ebro. El agua fue especialmente visible en el kilómetro 277 de esta vía, a la altura de la localidad vecina de Briviesca.

Fue entonces cuando la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio de Fomento, y la Guardia Civil de Tráfico, "obligaron a los usuarios de esta vía pública de la red nacional de carreteras del Estado" a desviarse hacia la autopista AP-1

Tierra Comunera sustenta su denuncia, en el hecho lógico de un desvío obligatorio y, por tanto, de la imposición del peaje. "Cobró (en referencia a Europistas) irregular y arbitrariamente, a aproximadamente unos 10.000 vehículos que circulando por la N-I en el trayecto Burgos-Miranda, fueron forzados a introducirse en la AP-1, originando unos ingresos indebidos y extraordinarios a la concesionaria estimados en 60.000 euros".

Tierra Comunera reclama la devolución del peaje cobrado indebidamente a los usuarios de la AP-1 en esa jornada. "La Ley obliga a que cuando existe una autopista de peaje haya un trayecto alternativo para circular, aun cuando dentro de la AP-1 había también un problema similar en un tramo. La cuestión es que debiera haber habido una prescripción de que no se cobra peaje durante ese periodo de tiempo, mientras se da la circunstancia anormal que considera tráfico".

Luis Marcos Naveira, secretario de Organización en Burgos de esta formación ve posibilidades de que pueda prosperar la reclamación. Se apoya en un precendente muy claro en este sentido: una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos 347/2006 de 31 de Julio, en la que se planteaba también una reclamación de responsabilidad a la empresa concesionaria de la AP-1.

El fallo era favorable a una asociación de consumidores y hacía referencia a hechos que se produjeron dos años antes, cuando las intensas nevadas de febrero de 2004 -en concreto, de los días 27 y 28-, dejaron atrapados a cientos de vehículos en la autopista. Además de devolver el importe del peaje, esta sentencia obligó a Europistas a abonar 150 euros a cada uno de los afectados en concepto de "daños morales".

Los servicios jurídicos de Tierra Comunera, trabajan en la redacción de la demanda, según explica el propio Naveira. "Imagino que será necesario conservar el ticket, sobre todo en el caso de aquellos conductores que no usaran la Vía-T. De todos modos, la empresa concesionaria de la autopista tiene que tener el control exacto de los vehículos que accedieron, el recorrido que hicieron, etcétera".

El responsable de la formación castellanista considera que "más allá de cuál sea el resultado final de la sentencia", son ya muchos los mirandeses y burgaleses que han contactado para respaldar esta acción judicial. "Los ciudadanos trasladan una sensación de incredulidad. Tiene que ponérsele la cara roja de vergüenza a la subdelegada del Gobierno en Burgos ¿en alusión a Berta Tricio), a Tráfico, etcétera. Espero que cuando se dé otra circunstancia de este tipo actúen de otra manera. No puede haber tanta impunidad".