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El cese de la actividad acecha a 142 empresas por incumplir la normativa ambiental europea

16:27:02 - 05/11/2007VMT -Ecologistas en Acción estima que el 85 por ciento de las industrias segovianas que deberían haber pedido la licencia no lo han hecho en once años

El tiempo se ha agotado y ahora se cierne sobre una buena parte del tejido industrial segoviano la amenaza de castigo. La organización Ecologistas en Acción ha elaborado un informe demoledor sobre el incumplimiento de la legislación medioambiental que se produce en la provincia y también en el resto de Castilla y León. La agrupación verde asegura que hay 142 empresas en Segovia que funcionan actualmente sin la llamada autorización ambiental integrada. Esta licencia es imprescindible para poder operar en el ámbito de la Unión Europea (UE), señalan responsables de la asociación en la región.

Ecologistas en Acción apunta a dos posibles causas como las desencadenantes de esta irregularidad. Por un lado, la agrupación alude a la «incapacidad administrativa»; por otro culpa a «la desidia empresarial generalizada», aunque matiza que siempre se han observado «honrosas excepciones», tal y como figura en el informe técnico.

Sea como fuere, la realidad es que se puede afirmar que, en la actualidad, y según los recuentos e investigaciones efectuadas por Ecologistas en Acción, en la provincia están operativas 142 empresas que carecen de la autorización ambiental integrada de la Unión Europea. Esto quiere decir que más del 85 por ciento de las industrias segovianas que deberían haberse sometido a la norma han incumplido sus directrices y sólo 24 han obtenido la licencia.

Esta deficiencia administrativa expone a estas empresas y a sus propietarios a ser castigados con una cuantiosa multa e incluso con el cese de la actividad, tal y como esgrimen los representantes de la protectora medioambiental. Y es que hace seis días que expiró el plazo de once años otorgado por la UE para la adaptación administrativa de las industrias sometidas a la normativa.

Esta dejadez es lo que convierte esta irregularidad en aún más sangrante, según Ecologistas en Acción. Las compañías han contado con un tiempo más que suficiente para solicitar la autorización, acondicionar su actividad y acceder al permiso pertinente. El pasado 30 de octubre finalizó el plazo establecido en 1996 por la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Esta dejadez es lo que convierte esta irregularidad en aún más sangrante, según Ecologistas en Acción. Las compañías han contado con un tiempo más que suficiente para solicitar la autorización, acondicionar su actividad y acceder al permiso pertinente. El pasado 30 de octubre finalizó el plazo establecido en 1996 por la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

La intención con la que nació esta norma no era otra que la de una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea, previniendo desde el origen la contaminación mediante la implantación de lo que se ha llamado Mejoras Técnicas Disponibles.

Asimismo, la Directiva contempla, en un segunda línea de actuación, el establecimiento de valores límites de emisiones al aire, las aguas o los suelos que sean coherentes con la preservación de la salud pública y el medio ambiente. Por último, la legislación impulsada por la Unión Europea trata de unificar los múltiples permisos ambientales existentes en cada Estado miembro en uno único, la citada autorización ambiental integrada.

Ecologistas estima que cerca de cinco mil empresas en toda España estaban afectadas por la aplicación de la legislación europea. Sin embargo, su puesta en marcha ha estado plagada de lagunas y deficiencias. En este sentido, la asociación denunciante explica, a modo de ejemplo, que muchas de las autorizaciones no consideran, en general, las Mejores Técnicas Disponibles ni la capacidad de carga del medio ambiente afectado por cada industria.

Así, las licencias se limitan a trasladar los topes de emisión que existían ya en la correspondiente normativa vigente, y que en algunos casos se remontan a 1975, bajo la denominación de valores límite de emisión a la atmósfera. Ecologistas en Acción tilda esta situación de «absurda» porque muchas autorizaciones «permiten a sus titulares contaminar en mucho mayor grado de lo que venían haciendo en la última década».

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