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Después de 14 años, Teófila Villasante, propietaria de la vivienda número 36 de la calle Real de Villalpando y los dueños de la edificación contigua, ahora deshabitada, podrán cobrar una indemnización de 92.613, 31 euros por los destrozos que la deficiente ejecución de una obras de pavimentación y saneamiento de los planes provinciales ocasionaron en sus casas, que quedaron «totalmente arruinadas».

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha fallado en contra del recurso presentado por la Diputación Provincial y confirma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Zamora que condenaba a la institución a pagar a los afectados 87.206,51 euros. A esta cantidad se han añadido 5.406,80 euros en concepto de intereses.

La resolución judicial ha sido dada a conocer por la portavoz del grupo de diputados socialista, Rosa Muñoz, que afirmó que el presidente de la institución, Fernando Martínez Maíllo, ha ordenado ya el ingreso del dinero en la cuenta del Juzgado de lo Contencioso.

Sin embargo, la indemnización difícilmente podrá resarcir a Teófila Villasante de la angustia de tener que abandonar su vivienda para residir, durante cuatro años, en una cedida por el Ayuntamiento de Villalpando.

Según explicó la vecina afectada, «al hacer las obras se dejaron abierta una toma y el agua inundó completamente las dos edificaciones. La señora de la vivienda de al lado se fue a Valladolid, porque era de allí y venía en verano, pero yo tuve que dejar mi casa e irme a una que me dejó el Ayuntamiento». Teófila tardó años en conseguir el dinero suficiente para reconstruir su casa, que había quedado prácticamente en ruinas, a la espera de que se resolviera el pleito con la Diputación.

En julio del 2006, el Juzgado de lo Contencioso de Zamora dio la razón a los vecinos afectados, pero la institución provincial recurrió la sentencia, que ahora ha confirmado la sala regional.

El grupo socialista ha señalado que el equipo de Gobierno del Partido Popular recurrió la resolución «tal que vez creyendo lo que siempre creen, que estaban en posesión de la razón, pero lo cierto es que el TSJ también falla en contra de la Diputación y dicta sentencia el 23 de febrero del año 2007 desestimando el recurso».

Los socialistas esperan que el presidente de la institución, Fernando Martínez Maíllo, «esta vez sí cumpla lo que firma y, sobre todo, no vuelva a dar lugar a que los juzgados vuelvan a condenar a la Diputación, pues no deben olvidar que esos 92.613 euros los pagamos todos los ciudadanos».