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El ministro de Cultura, César Antonio Molina, pidió el lunes al alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, que el Ayuntamiento colabore con la búsqueda de un espacio donde emplazar las 120.000 cajas con documentación sobre la Guerra Civil y el exilio que el Gobierno tiene previsto trasladar a Salamanca y para las que en principio no habría espacio suficiente en las actuales dependencias del Archivo de la Guerra Civil en el Colegio de San Ambrosio.

Está previsto que tanto Julián Lanzarote como el resto de los miembros del Patronato del Centro Documental de la Memoria, entre los que también se incluye la consejera de Cultura de la Junta, María José Salgueiro, visiten estas cajas el próximo 18 de junio en el Archivo General de la Administración en Alcalá.

El contenido de la conversación mantenida durante el acto de entrega de las cartas manuscritas de Miguel de Unamuno a la Universidad de Salamanca fue desvelado ayer en el pleno municipal por el portavoz socialista, Fernando Pablos, que destacó la «gran cantidad de documentos» que el Gobierno tiene previsto trasladar a Salamanca para convertir «verdaderamente esta ciudad en un centro de estudio y referencia sobre la Guerra Civil».

Éste fue precisamente uno de los argumentos empleados por Pablos para justificar el voto del Partido Socialista en contra de una moción aprobada por el Ayuntamiento de Salamanca exigiendo que no se produzca ninguna nueva salida de documentos del actual Archivo hacia Cataluña, hasta que se hayan resuelto los dos recursos presentados en el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional contra la Ley de Restitución documental.

La moción insiste en que, «en todo caso», el Gobierno debería cumplir con la disposición adicional segunda de esa ley, la creación en Salamanca del Centro de la Memoria, antes de plantearse una nueva oleada de devoluciones. El portavoz municipal, Fernando Rodríguez, acusó en este punto al Gobierno y al PSOE de Salamanca en «tener mucha prisa en cumplir la ley en dirección a Barcelona y ninguna en dirección a Salamanca», ya que «ni se ha expropiado Orellana, ni hay un tercer edificio de nueva planta y lo único que tenemos es un cartel en la Plaza de los Bandos».

Además, Rodríguez insistió en que tanto el Ayuntamiento de Salamanca como la Junta han sido «convidados de piedra» en el proceso y exigió tener acceso al proceso de identificación de documentos susceptibles de devolución con el fin de garantizar «que se cumple la ley en sus estrictos términos».

Por su parte, Fernando Pablos reconoció que la aplicación de la ley «ha sido más lenta de lo esperado» en cuanto a la creación del Centro de la Memoria, pero afirmó que «mientras para nosotros no es una buena noticia para el PP es estupenda, porque cuando peor vayan las cosas, mejor».

Además, señaló que el Gobierno no construirá el edificio de nueva planta al que se comprometió Carmen Calvo en la presentación del Centro de la Memoria en Madrid, ya que «Cultura ya ha adquirido la titularidad del edificio de la Tesorería de la Seguridad Social en la Plaza de los Bandos».