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Junta Local de Seguridad: El Ayuntamiento reunirá el día 14 a este órgano para concretar y coordinar medidas que permitan reducir los actos vandálicos que se producen en la ciudad. La reunión pretende ante todo «estrechar la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Cuerpo de Policía Municipal», según fuentes municipales.

Prender fuego a un contenedor, arrancar una papelera o una señal de tráfico o hacer una pintada saldrá mucho más caro a partir de ahora. El Ayuntamiento pretende que los autores de acciones vandálicas se lo piensen dos veces antes de actuar, y para ello prepara una modificación de la ordenanza que incluirá un endurecimiento de las sanciones, que pasarán de los 300 euros actuales, en el caso de las infracciones graves, a alrededor de mil, como anunció ayer el concejal de Protección Ciudadana, Francisco Javier González.

El equipo de Gobierno se basará en las ordenanzas de otras ciudades para establecer las nuevas sanciones. González puso el ejemplo de un municipio de la periferia de Madrid «donde las multas son de 2.000 euros». Sin llegar a esta cantidad, el concejal avanzó que el castigo económico «estará en la frontera de los mil euros», una cifra que pretende ser disuasoria.

Los episodios de vandalismo de los últimos días -este fin de semana han aparecido rotos los escaparates de dos establecimientos comerciales del centro-, que en realidad se han sucedido en los últimos meses, especialmente los fines de semana, han llevado al Ayuntamiento a convocar una Junta Local de Seguridad Ciudadana, en la que se coordinarán medidas que permitan atajar el gamberrismo.

La reunión, que se celebrará el día 14, «pretende ante todo estrechar la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Municipal, teniendo en cuenta que mantener el orden y la seguridad ciudadana, así como prevenir la comisión de actos delictivos, es una misión que compete a ambos cuerpos», informaron fuentes municipales.

Junto a la convocatoria de la reunión, el equipo municipal de Gobierno ha difundido los artículos de la Ley Órgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que delimitan las competencias. A la Policía Nacional, según el artículo 11, le corresponde, entre otras funciones, «mantener y reestablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de actos delictivos».

Los agentes municipales, por su parte, «deberán ejercer diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las juntas de seguridad», como se recoge en el artículo 53. «No es que pretendamos escaquearnos, sino que la Policía Nacional tiene más competencias en esta materia y también más medios. Nosotros somos colaboradores suyos», señaló el concejal de Protección Ciudadana, quien insistió, en cualquier caso, en que «hay que responder a la demanda de seguridad de forma conjunta, no es cuestión de competencias».

Uno de los problemas con el que se enfrenta la autoridad municipal es la dificultad para pillar a los autores de destrozos de bienes públicos y privados en plena faena, como ocurrió hace unos días, cuado la Policía sorprendió a unos jóvenes tirando las vallas de las obras en la calle San Torcuato y cogiendo adoquines. La multa impuesta ha ascendido a 300 euros.

«Tratamos de estar en la mayoría de los sitios con los medios de que disponemos, pero a veces reforzar la vigilancia en una zona determinada significa no poder actuar en otra», afirmó Francisco Javier González, quien anunció un incremento de la presencia de policías de paisano en las calles más céntricas de la ciudad.

A diferencia de otras capitales, el Ayuntamiento de Zamora no cuenta con una unidad específicas de policías de paisano, «sino que en un momento dado cualquier agente municipal puede actuar como tal», explicó el concejal del área.