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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 ha ordenado a la Junta la devolución por cobro indebido de 647.046,46 euros pagados por Sanitaria de Inversiones a Sacyl a raiz del "caso Antona" y antes de que lo adquirieran sus actuales propietarios, el Grupo Recoletas. La juez, en una sentencia firme, estima en parte el recurso presentado por Santiago Tobal, también por otros socios, accionista del Gabinete Médico Paracelso en los años 2002 y hasta el 2005 y presunto beneficiario de las supuestas irregularidades del que fuera gerente de salud de Valladolid, Pedro Antona.

Como se recordará, una de las principales acusaciones, que investiga por otra parte el Juzgado de Instrucción, contra el ex responsable de Sacyl es el pago de sobreprecios por las prótesis en los hospitales ligados a Santiago Tobal, al que según acusaciones de la UTE que encabeza Sanitaria llevadas a la Fiscalía por la Consejería de Sanidad en enero del 2006, beneficiaba a este empresario gracias a los denunciados como tales "favoritismos" de Antona. Por ello, y tras cuantificar estas presuntas ilegales ganancias, Sacyl reclamó a Sanitaria de Inversiones que las devolviera; lo que realizó de inmediato y sin presentar recurso alguno. En el contexto de este caso también está el proceso mercantil entre Sanitaria y Tobal, que ganó este último y que tuvo lugar en paralelo a las acusaciones de prevaricación en favor de este empresario del sector. Sanitaria pagó dando a entender que estaba de acuerdo con que el cobro había sido indebido dado que no presentó alegaciones y reclamó a su responsable, Santiago Tobal, dicha cantidad. Sin embargo, este último no pudo presentar su propio recurso contra la resolución administrativa.

Improcedente

Ahora, este fallo judicial considera improcedente la resolución del 2006 de la gerente regional de Sacyl, entonces Carmen Ruiz, al impedir que Tobal se personara para defender sus intereses cuando la Gerencia de Salud abrió un expediente de reintegro a Sanitaria de Inversiones al estimar que la UTE (unión temporal de empresas de Sanitaria, Hospital Campo Grande, Paracelso y Felipe II, entre otros) había cobrado de forma presuntamente indebida el beneficio obtenido por los descuentos de los proveedores de prótesis para operar a pacientes de la sanidad pública.

Estos llamados abonos fueron a su vez reclamados por la UTE a Tobal dado que este empresario, y una docena más de socios, les habían vendido Paracelso y una cláusula de la compraventa hace responsable de este tipo de deudas que puedan surgir a los anteriores propietarios. Por ello, cuando Sacyl abrió dos expedientes de reintegro de un total de 810.470 euros (647.046 y 163.424 cada uno), los entonces responsables de Paracelso reclamaron poder personarse y así defender que el cobro de los beneficios de los descuentos era, a su entender, correcto y conforme a ley y, por lo tanto, que no había que pagar cantidad alguna a Sacyl. Sin embargo, el recurso de reposición presentado por el empresario fue rechazado en diciembre del 2006 por la gerente regional.

Ante esta indefensión, los socios de Paracelso acudieron al Juzgado para reclamar su derecho a personarse en la causa y a defender el no pago de la primera cuantía, los 647.046 euros que son los que la UTE reclamó a Tobal. El fallo judicial del pasado día 28 de enero obliga a la Junta a devolver este capital a Sanitaria, a los propietarios de entonces porque este asunto quedó fuera de la venta de la UTE a Recoletas, y a retrotraerse al "momento en que debió ser tenido como interesado con declaración de nulidad de todas las actuaciones posteriores". Es decir, que el proceso vuelve a la Administración, los afectados podrán presentar recurso con las alegaciones que consideren oportunas y, después, Sacyl emitirá su vedericto.

En cuanto a la parte desestimada por la juez, hace referencia al expediente de menor cuantía, de 163.424 euros que Sanitaria de Inversiones pagó a Sacyl. En este caso, el tribunal estima que Santiago Tobal como gerente de la misma, no como socio de Paracelso que era en la otra situación, no tiene la misma implicación y de hecho no le ha pedido Sanitaria de Inversiones, al adquirir Paracelso, que le pagara esta factura reclamada por Sacyl. Por ello, el Juzgado rechaza la posibilidad de personarse en este caso.