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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una sentencia en la que obliga a la Diputación Provincial a valorar de nuevo la puntuación de una prueba determinante que sirvió para seleccionar a las personas que ocupan en la actualidad 23 plazas de técnico de Educación Cultural. El texto judicial se refiere a un proceso que se cerró en el año 2000 y que ejecutó un Tribunal Calificador que generó dudas entre varios aspirantes. Éstos trataron sin éxito de descubrir el por qué de las puntuaciones otorgadas en el segundo ejercicio de la convocatoria y, ante la respuesta negativa, decidieron acudir a la justicia en busca de una explicación.

Ahora, el TSJ obliga a la institución provincial a retrotraerse a la situación anterior a ese segundo ejercicio porque han quedado patentes varias irregularidades. En primer lugar establece que "no constan las puntuaciones individualizadas otorgadas por cada miembro del Tribunal Calificador" a los aspirantes a la plaza, "lo que ha supuesto que los recurrentes no hayan podido comprobar las operaciones practicadas para llegar a la puntuación final". Esto acarrea además que a la Sala le haya sido imposible contrastar si se ha respetado o no el procedimiento previsto para este tipo de procesos de selección.

A lo largo del proceso judicial no se presentó por parte de la Diputación el desglose de las puntuaciones y en este sentido el juez añade que "al parecer los borradores de las puntuaciones han sido destruidos", algo que argumentan también los demandantes como causa de que sea imposible conocer la justificación de la valoración realizada y que concluyó en la jornada del 28 de julio del 2000 con la selección de los 23 funcionarios.

El otro aspecto que deja en evidencia la actuación del Tribunal Calificador se refiere precisamente a la ausencia en esa decisiva reunión del miembro que representa a la Junta de Castilla y León. El juez advierte de que las actas demuestran que los miembros del tribunal se autoconvocaron para el día 28 en la reunión anterior pese a ser conscientes de la ausencia del vocal de la administración autonómica y teniendo conocimiento de que no podría acudir a la cita. A ello hay que añadir que se le convocó con tan sólo 24 horas de antelación y no con 48 como establece la legislación y además sólo se indicó en el fax el lugar de la celebración del encuentro pero no el día ni la hora. El TSJ considera que "no puede prescindirse de que la sesión a la que se refiere la convocatoria tenía una importancia crucial, por cuanto en la misma no sólo se calificó el segundo ejercicio sino que también se establecieron las puntuaciones finales del concurso oposición" y dicta que "es lógico decir que debió citarse a todos los miembros del Tribunal que estuvieron presentes en alguno de los ejercicios o cuando menos los que presenciaron la lectura del segundo". Por todo ello, el texto judicial considera que "la resolución está viciada de la causa de nulidad de pleno derecho" y obliga a repetir la valoración.

Vista la sentencia, que estima parcialmente lo solicitado por los demandantes, Presidencia en la Diputación ha dictado con fecha 22 de abril un decreto en el que se acata el texto judicial y se insta "a todos los miembros que formaron el Tribunal en la segunda fase del ejercicio" a realizar de nuevo las valoraciones, expresando la puntuación otorgada y las operaciones practicadas para llegar a esa nota final.

El escrito no está firmado directamente por el presidente de la Diputación sino por el vicepresidente Alfonso Centeno puesto que Ramiro Ruiz Medrano ha tenido que abstenerse legalmente en el proceso una vez que su primo, el alcalde de Renedo, es uno de los 23 elegidos para la plaza. Para la jornada de hoy 7 de mayo están convocados los miembros del Tribunal con el objetivo de resolver la situación, aunque puede que sean necesarias más reuniones.