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La Ley de Dependencia, que entró en vigor el pasado enero del 2007, reconoce el derecho a un recurso asistencial a las personas mayores o discapacitados con un importante nivel de dependencia, los clasificados como Grado III y II.2, y ampliará su cobertura en próximos ejercicios. Aunque los Servicios Sociales tradicionales ya prestaban atención sobre todo en cuanto a residencias y, de hecho, la mayoría de las nuevas prestaciones en este sentido en realidad ya estaban dadas, la aplicación del nuevo baremo y del derecho a determinados recursos ha supuesto que, actualmente, la Junta haya reconocido a 96 vallisoletanos sin plaza en una residencia su derecho a ella. Son casos nuevos, con un importante grado de dependencia. En toda Castilla y León, la lista de espera es de 599 personas. Para dar respuesta a esta creciente necesidad, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ampliará su oferta pública con 1.045 plazas concertadas con centros privados y pagadas por la Junta. De ellas, 140 serán para Valladolid. Así lo anunció ayer el máximo responsable regional de este departamento, César Antón Beltrán, en unas jornadas para presentar a responsables de gestión municipales, provinciales y regionales y a afectados de diferentes asociaciones los recursos asistenciales de la región y su integración al aplicar la nueva normativa estatal.

La Administración autonómica destinará 17,8 millones de euros al año en el pago de este incremento de plazas públicas concertadas y se harán efectivas este mismo año, previsiblemente muchas se ocupen antes del verano, ya que son camas que existen y sólo falta gestionar la tramitación. En la actualidad, y en una contabilidad regional, hay 12.818 plazas públicas; de las que 2.892 son concertadas. La oferta en este mismo ejercicio se ampliará, por lo tanto, a 13.863 costeadas por la Junta, de las que 3.937 son de gestión privada pero financiación del Gobierno regional. En cuanto a los datos locales, hay 1.345 plazas públicas en Valladolid (398 concertadas) y, al finalizar el 2008, sumarán 1.485 (538 contratadas con la privada).

Castilla y León disfruta de una media de cobertura residencial del 6,56 por ciento, por encima del 4,14 por ciento que es la media nacional y del 5 por ciento que aconseja como mínimo la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los porcentajes son bastante desiguales y, así, Palencia tiene el más alto (10,07 por ciento), seguida de Soria (9,41 por ciento) y en un puesto intermedio se encuentran Segovia (7,88 por ciento), Valladolid (7,22 por ciento) y Zamora (6,10 por ciento). La provincia con menor cobertura es León, con sólo 4,82 por ciento. El aumento de los conciertos permitirá, en una contabilidad regional, aumentar la cobertura pública de 2,15 por ciento a 2,44 por ciento. En Valladolid se pasará del 1,46 por ciento al 1,65 por ciento. Según explicó el consejero César Antón, el número de nuevas plazas públicas en centros privados va en relación con la situación de cada provincia. Así, y dado el bajo porcentaje actual que registran León o Zamora, el número de conciertos será más amplio en ambas provincias, concretamente de 201 y 165, respectivamente.

Esta planificación en la ampliación de recursos no se ha hecho sólo en función de las inminentes necesidades, es decir, de lo que ya es una lista de espera, sino en previsión de que siga en aumento el número de plazas necesarias para dar cobertura a la Ley de Dependencia dado que las solicitudes no cesan y también hay pendiente un buen número de valoraciones, en torno a cuatro mil en toda la autonomía. Así, tras cubrir las inmediatas necesidades, la Junta dispondrá todavía de un margen de 446 plazas para nuevas resoluciones y, en Valladolid, de 44 puestos libres. Castilla y León es una comunidad con un importante problema de envejecimiento y dispersión de la población. Hay 569.338 personas con más de 65 años, son el 22,5 por ciento de la población. Para ellos, hay 38.789 plazas en 620 centros, el 60 por ciento de titularidad pública o sin ánimo de lucro.

Los Servicios Sociales tradicionales han dado una importante cobertura destinada a los mayores llamados asistidos, frente a los válidos, pero algunas zonas carecían por completo de atención residencial. Esta ampliación de plazas afecta a la localidad segoviana de Cuéllar; a Aranda de Duero, Briviesca y Lerma, en Burgos; a Medina de Rioseco, en Valladolid, y a la comarca de Sanabria, en Zamora. César Antón estuvo acompañado de la gerente de Servicios Sociales, Milagros Marcos, y del director de Atención a la Dependencia, Jesús Fuertes, en unas jornadas que también permitieron presentar el nuevo logotipo de los Servicios Sociales.