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La Ley de Dependencia, su desarrollo real, se está encontrando con infinidad de problemas en Castilla y León, y como consecuencia de ello en la ciudad. De hecho, en Miranda sólo hay dos casos tramitados por la Junta en su totalidad, pese a que han sido más de cien las solicitudes presentadas en el Ayuntamiento. Ese papeleo inicial no conlleva todavía que esos dos casos reciban aún prestación económica alguna. Y en el ámbito regional, el dato es igual de raquítico: apenas 24 personas están percibiendo las ayudas.

Esta situación, expuesta por la procuradora socialista en la Cortes, Natalia López-Molina demuestra que desde el ejecutivo regional "se está boicoteando la puesta en marcha de la Ley de Dependencia". Según los datos que ella maneja, "que son del Ministerio, porque la Junta no ofrece ninguno", en esta Comunidad Autónoma hay "un parón" porque casi nadie ha recibido en sus domicilios el programa individual de atención, y "lo que es más grave, prácticamente nadie tiene ningún servicio ni prestación de los establecidos en el catálogo de la ley".

La puesta en funcionamiento de esta normativa, que es efectiva desde marzo de 2007 -momento en el que los ciudadanos comenzaron a tramitar las solicitudes-, "no es fácil", porque "hay que seguir una serie de pasos y tramitaciones". Eso se reconoce desde las filas socialistas, pero denuncian que sólo sea en Castilla y León donde "todavía no existan resultados prácticos ni beneficiarios reales".

Las solicitudes presentadas en Miranda, a través del centro de acción social, han sido 185. De todas ellas se ha hecho ya la valoración de 115. Y es a partir de este paso donde, al parecer, comienza el problema. La Junta es la administración que tiene que enviar la resolución del grado y nivel de dependencia, "y hasta la fecha en nuestra ciudad sólo hay dos personas a las que se les ha notificado".

En ambos casos los beneficiarios ya han elegido el programa individual de atención. Una de ellas ha optado por la figura de asistente personal, y otra por la de cuidados dentro del entorno familiar, pero "ninguna de las dos recibe todavía la prestación que les corresponde", aseguró López-Molina.

Para poner en valor sus manifestaciones ofreció cifras comparativas con la situación que se da en otras autonomías. Como primer ejemplo habló de lo que está sucediendo con la figura de la persona cuidadora familiar, que es una de las denominaciones que aparece en el catálogo de prestaciones.

Para poner en valor sus manifestaciones ofreció cifras comparativas con la situación que se da en otras autonomías. Como primer ejemplo habló de lo que está sucediendo con la figura de la persona cuidadora familiar, que es una de las denominaciones que aparece en el catálogo de prestaciones.

"La Junta y, en concreto, el consejero César Antón, están poniendo trabas para establecer los criterios sobre quién es la persona que pasa a ser la cuidadora familiar. De este modo, la Seguridad Social tiene dificultades para poderles dar de alta". Según López-Molina esta actitud de la Junta está logrando retrasar el desarrollo de la que para ella es "el cuarto pilar del estado del bienestar".

Esta figura del cuidador en el entorno familiar se contempla en la Ley de Dependencia, y en origen se considera que debería ser "algo excepcional", pero en la región podrían dispararse las solicitudes. Así lo entiende pues, "como no existen los suficientes recursos públicos para atender a todas las personas dependientes, este servicio va a estar muy demandado".

Desde el PSOE, y en voz de la representante mirandesa en las Cortes de Castilla y León, se considera que la falta de eficacia de la Ley de Dependencia en el conjunto de la región se agrava precisamente si se tiene en cuenta esa "carencia endémica" de recursos públicos para atender a las personas dependientes. En este sentido manifestó que hay residencias, pero "en gran medida son de titularidad privada. Sólo el 22 por ciento de las plazas son públicas".

En relación con la falta de medios, tanto materiales como humanos para conseguir que la Ley eche a andar definitivamente en Castilla y León, la procuradora acusó a la Junta de no haber empleado bien los concedidos desde el Gobierno central. "Se le ofreció dinero para contratar personal y no lo aceptó; y los más de 6 millones que se le dieron para poner en marcha la ley los ha usado para crear un programa informático que no es compatible con el del Ministerio; ése no es el camino", apostilló.