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La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha condenado a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a pagar una indemnización de 21.000 euros -más los intereses de demora- en favor de una paciente que se sometió a una ligadura de trompas y, a pesar de eso, quedó embarazada. La paciente, María Isidora de la Cuesta Santos, en el año 1994, cuando tenía 24 años, se sometió a una ligadura de trompas en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, después de haber tenido cuatro hijos. Siete años después, en el 2001, se diagnosticó a María Isidora un embarazo extrauterino, lo que determinó la necesaria y urgente intervención quirúrgica, con el peligro que ello supuso para la vida de la paciente. Ésta sufrió la extirpación de la trompa derecha, donde se ubicó el embarazo ectópico, además de someterse a una nueva intervención de ligadura tubárica.

La sentencia establece que el documento de consentimiento suscrito por la paciente previamente a la intervención, practicada en el año 1994, en ningún momento hacía constar particularidad alguna de las consecuencias de la intervención y, muy especialmente, de la posibilidad de quedar embarazada nuevamente, siendo ésta una posibilidad cierta, pese a la correcta realización de la intervención.

Con la técnica quirúrgica empleada existía la posibilidad de una recanalización tubárica de la que nunca se informó a la paciente. Esta recanalización significa que se puede originar tanto un embarazo a término, como un embarazo ectópico, como finalmente acaeció, siendo ésta una complicación grave y potencialmente mortal. Por tanto, considera el fallo que el documento suscrito por la paciente no es suficiente para entender cumplida la obligación de información que exige la ley.