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La Consejería de Interior y Justicia constituirá antes de que finalice el mes de abril la Comisión Asesora de Justicia de Castilla y León, un órgano con el que la Junta pretende dar cauce de participación a los colegios de abogados y procuradores, trabajadores de Justicia, ayuntamientos, jueces y fiscales.

La creación de esta Comisión ha sido publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León del pasado miércoles, cuyo decreto justifica este organismo como un paso más para la gestión de las futuras competencias de Justicia que deben de negociar el Gobierno central y la Junta.

El pasado 31 de enero el Consejo de Gobierno aprobó, a propuesta del consejero de Interior, Alfonso Fernández Mañueco, la creación de esta Comisión entre cuyos fines se encuentran el estudio, consulta y participación de todos aquellos sectores implicados en la prestación del servicio público de la justicia.

La Comisión Asesora, que estará presidida por el consejero con competencias en materia de Justicia, tendrá como vocales a dos miembros del Poder Judicial, un representante de la Fiscalía en Castilla y León, un representante de los secretarios judiciales, otro de los sindicatos y otro de los forenses.

Además de los colegios de abogados de Castilla y León y procuradores, también estarán representados los colegios de notarios y registradores de la región, así como tres profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la justicia y de la Universidades públicas de Castilla y León. Ninguno de los vocales que se nombren percibirá retribución económica, excepto los gastos por servicio.

Además de los colegios de abogados de Castilla y León y procuradores, también estarán representados los colegios de notarios y registradores de la región, así como tres profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la justicia y de la Universidades públicas de Castilla y León. Ninguno de los vocales que se nombren percibirá retribución económica, excepto los gastos por servicio.

El proceso de transferencias a la comunidad autónoma se encuentra paralizado hasta después de las elecciones generales del 9 de marzo.