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La Fiscalía pidió ayer que se desestime la demanda presentada por el ex consejero general de Caja España, Pedro Conde, contra esta entidad porque no considera que sus derechos fundamentales fueran vulnerados cuando fue expulsado en el 2006 por la supuesta compra de votos en las elecciones para elegir a los miembros del Consejo General de la caja. No obstante, tanto la defensa como los demandados tendrán que esperar al mes de septiembre para conocer la sentencia que emitirá la juez del tribunal de instrucción número 2 de Medina del Campo. El presunto fraude de la compra de votos se cometió en junio del 2006, cuando supuestamente el demandante, Pedro Conde, ofreció a los compromisarios cien euros por cada apoyo a su candidatura y a la de su homologo Ulpiano Hernández en las elecciones del Consejo General de Caja España. Tras conocerse estos hechos, en septiembre del 2006, la Asamblea General de Caja España decidió apartar a ambos de sus cargos por 97 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones, «por haber perjudicado con su actuación, durante esa campaña, el prestigio, buen nombre y con ello la imagen pública de Caja España». Durante más de dos horas de vista oral, diez testigos declararon ante la juez a petición de Conde. Demanda Tras su expulsión, Conde decidió presentar una demanda en el Juzgado de Instrucción número 2 de Medina del Campo (dado que él reside en Olmedo) porque «sin indicio alguno, la asamblea ha vulnerado los derechos a la presunción de inocencia, información y honor». Durante el juicio, «los testigos han declarado que en ningún momento han recibido dinero por un voto», según explicó tras la vista oral su abogado, Alejandro Castilla, quien añadió con rotundidad que «es totalmente falso que Pedro Conde pagara por un voto», aunque sí reconoció, que «al igual que otros candidatos, ofreció regalos a los compromisarios». Por su parte, el abogado de Caja España, José María de Ayala, no quiso realizar declaraciones tras finalizar la vista oral. No obstante, durante su turno de conclusiones, Ayala también pidió la desestimación de la demanda y el pago de las costas judiciales al demandante por haber quedado constatado que sí hubo compra de votos.La Fiscalía pidió ayer que se desestime la demanda presentada por el ex consejero general de Caja España, Pedro Conde, contra esta entidad porque no considera que sus derechos fundamentales fueran vulnerados cuando fue expulsado en el 2006 por la supuesta compra de votos en las elecciones para elegir a los miembros del Consejo General de la caja. No obstante, tanto la defensa como los demandados tendrán que esperar al mes de septiembre para conocer la sentencia que emitirá la juez del tribunal de instrucción número 2 de Medina del Campo. El presunto fraude de la compra de votos se cometió en junio del 2006, cuando supuestamente el demandante, Pedro Conde, ofreció a los compromisarios cien euros por cada apoyo a su candidatura y a la de su homologo Ulpiano Hernández en las elecciones del Consejo General de Caja España. Tras conocerse estos hechos, en septiembre del 2006, la Asamblea General de Caja España decidió apartar a ambos de sus cargos por 97 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones, «por haber perjudicado con su actuación, durante esa campaña, el prestigio, buen nombre y con ello la imagen pública de Caja España». Durante más de dos horas de vista oral, diez testigos declararon ante la juez a petición de Conde. Demanda Tras su expulsión, Conde decidió presentar una demanda en el Juzgado de Instrucción número 2 de Medina del Campo (dado que él reside en Olmedo) porque «sin indicio alguno, la asamblea ha vulnerado los derechos a la presunción de inocencia, información y honor». Durante el juicio, «los testigos han declarado que en ningún momento han recibido dinero por un voto», según explicó tras la vista oral su abogado, Alejandro Castilla, quien añadió con rotundidad que «es totalmente falso que Pedro Conde pagara por un voto», aunque sí reconoció, que «al igual que otros candidatos, ofreció regalos a los compromisarios». Por su parte, el abogado de Caja España, José María de Ayala, no quiso realizar declaraciones tras finalizar la vista oral. No obstante, durante su turno de conclusiones, Ayala también pidió la desestimación de la demanda y el pago de las costas judiciales al demandante por haber quedado constatado que sí hubo compra de votos.