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El Juzgado de lo Penal número 3 de Burgos hizo ayer pública la sentencia que condena a Roberto Ortega Bayón -jefe de obra- y a José Luis Arranz Jaramillo -encargado de la obra- a las penas de un año y seis meses de prisión respectivamente por el accidente laboral ocurrido en la mañana del 13 de enero del 2005 en la calle Sauce de la capital burgalesa, que se saldó con diez trabajadores fallecidos, dos más heridos de gravedad y varios accidentados leves.

La sentencia, fruto del escrito de conformidad que firmaron conjuntamente el Ministerio Fiscal, las acusaciones y la defensa a finales del pasado mes de julio, establece que los condenados son responsables, sin necesidad de juicio, de diez delitos de homicidio y dos de lesiones, todos ellos por imprudencia grave, según informaron ayer fuentes jurídicas.

Los hechos recogidos en el fallo ocurrieron el 13 de enero del 2005 a las 8.00 horas, cuando uno de los operarios que trabajaba en la ampliación y renovación del carril bici de la ciudad, J. L. L. G., comenzó a manipular una garrafa de gasolina de unos 20 a 25 litros que repentinamente se incendió, por «motivos que no han sido totalmente esclarecidos». El trabajador, «sorprendido y asustado, arrojó la garrafa al suelo intentando sacarla del recinto de un puntapié sin conseguirlo».

La garrafa rebotó contra la puerta y deflagró, lo que provocó una gran bola de fuego y gases superiores a los 700 grados centígrados que alcanzaron a los operarios que se encontraban más al fondo del local, que resultaron ser las diez personas fallecidas: José Luis Bustillo Nava, Rubén Vallejo Alonso, Benjamín Antonio Tejido Pomar, Alejandro Escarpellini, Benjamín Santamaría Pérez, Ángel García Martín, Rodrigo Pérez Pérez, Manuel Rey Benito, J. L. L. G., y Etimane Ould Ely.

Asimismo, el fallo aclara que la constructora responsable, Construcciones Arranz Acinas, «pagó todos los gastos de entierro y funeral de las víctimas, satisfizo a las familias varias nóminas de salarios gratuitamente para subvenir los gastos hasta que causaran la pensión pertinente y creó una fundación con el fin de coadyuvar la atención y asistencia de los accidentados y su familiares». Así mismo, la empresa ha indemnizado a las familias de los fallecidos con un total de 2.111.280 euros.

El fallo recuerda que el plan de seguridad y salud de la empresa prohibía expresamente almacenar «combustibles líquidos» en un local destinado al vestuario de los trabajadores y que «el inmueble comenzó a albergar pequeña maquinaria con el paso del tiempo». Esta circunstancia era «conocida y consentida por José Luis Arranz y por Roberto Ortega», quienes no informaron al departamento de prevención de riesgos de la constructora Arranz Acinas.