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El gran volumen de correspondencia judicial atrasada empezó a llegar desde primera hora de la mañana en taxis y furgones contratados para trasladar las cajas y los documentos que se fueron acumulando en los despachos de los juzgados y en la secretaría de la Fiscalía. Montones de carpetas quedaron amontonadas sobre las mesas, sillas y hasta en el suelo, y aún no se ha recogido todo el material acumulado en Correos, porque no hay sitio material para colocarlo.

El atasco más llamativo se presentaba en el Juzgado de lo Penal y en la Fiscalía. Aquí todavía no se había retirado toda la documentación postal, pendiente de llegar del partido judicial de Benavente -donde la participación en la huelga fue elevada y el atraso generado es importante-, de Puebla, y traslados del resto de salas de la capital.

En estas circunstancias, lo único que han podido hacer los funcionarios es empezar a revisar expedientes y dar trámite a los más urgentes, criterio que corresponde aplicar al secretario judicial en cada caso. Las prioridades son las causas con preso (pendientes de juicio, de libertad condicional o cuyo período de prisión preventiva esté a punto de terminar); se dará preferencia igualmente a medidas cautelares, casos de familia y de desahucio y algún asunto penal que lo requiera por circunstancias especiales, indicó Luis Brualla. Devolución de carnés de conducir suspendidos cuyo plazo de retirada ha terminado o programar las pruebas o vistas que hubo que suspender durante la medida de protesta y, en general, los asuntos más antiguos, se situarán también entre las primeras actuaciones.

En todo caso, como destacaron los miembros de la junta de personal, "el primer día de trabajo va a ser al menos una semana", porque se necesitarán varios días sólo para ver el efecto de la huelga, porque se sabe cuántos juicios se han suspendido, pero luego hay que abrir, revisar y ordenar la documentación acumulada en este período.

Aunque "los funcionarios tienen claro que hay que sacar adelante el trabajo diario y que tendrán una productividad para reducir el atrasado", lo cierto que ayer aún se desconocía cuándo y cómo se va a aplicar el plan anunciado por el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para poner al día el trabajo pendiente en el plazo de tres meses. En teoría, según el contenido del acuerdo firmado con los sindicatos, el sistema consiste en hacer horas extra, remuneradas, a las que pueden acogerse los trabajadores de forma voluntaria; "pero quien tiene que concretar las condiciones del plan es Bermejo, y nos tememos lo peor", en palabras de un funcionario.

Así las cosas, y teniendo en cuenta, por ejemplo, la tramitación que requiere un juicio, se calcula que no se podrán fijar señalamientos antes de un mes, puesto que sólo las notificaciones requieren al menos ese tiempo, máxime si el citado reside fuera de la provincia.

En la Audiencia Provincial, la prioridad es dar salida a las sentencias redactadas por jueces y magistrados, que han seguido trabajando en este periodo de huelga, de forma que se pasen a limpio estas resoluciones judiciales y se puedan notificar.

La Audiencia será, en principio, la primera sala en la que se celebre una vista, fijada para el día 29 y que se había señalado antes de que comenzara la huelga. Se trata del juicio contra dos acusados de apuñalar a un joven en el barrio de San Lázaro, hecho ocurrido en junio pasado. La víctima perdió un riñón a causa de la agresión con arma blanca.

Por lo que se refiere al Registro Civil, los trabajadores se vieron incapaces de empezar a actualizar el trabajo atrasado antes de las 13.30, hora en que el departamento se cerró al público. Hasta ese momento se vieron acaparados por la afluencia de ciudadanos, que triplicó la de un día normal, para pedir certificados de nacimiento, defunción o de matrimonio.

Sólo después pudieron dedicarse a hacer las inscripciones pendientes en los libros de registro. Tal como subrayaron, "lo haremos también por la tarde sin que nadie nos garantice que vamos a cobrar estas horas extra".