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Las puertas de las sedes judiciales de la capital y provincia volvieron a abrir sus puertas de par en par a primera hora de la mañana de ayer sin mayor novedad con respecto al 3 de febrero -último día de normalidad antes de la huelga- que las colas en la entrada del Registro Civil y los más de veinte mil asuntos atascados, entre juicios, notificaciones y certificados, repartidos por las salas.

¿En qué consiste el cacareado plan de choque para destacar lo atascado? Nadie lo sabe y los funcionarios comenzaron su labor bajo el criterio de cada juzgado ante la ausencia, a expensas de su elaboración, de una planificación de refuerzos y horas extras. Más de un funcionario andaba perdido y reconocía abiertamente que aún no tenían "ni idea" de si iban a empezar por tramitar los asuntos acumulados -600 escritos y 300 demandas en su juzgado de Primera Instancia- o por dar salida a los que "vayan llegando nuevos".

El decano de los juzgados, Ignacio Segoviano, contestó que lo lógico, al menos en su caso -cada juez es soberano en su sala-, es "poner a la cola las demandas nuevas salvo aquellas que requieran medidas urgentes". En estas condiciones reconoce el también titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 que "no volveremos a recuperar el ritmo normal de celebración de juicios antes de dos meses". Eso para empezar dado que tanto él como el presidente de la Audiencia Provincial, Feliciano Trebolle, reconocen que la situación es incluso peor de lo que se esperaban y prevén que la puesta al día de los juzgados "no llegará antes de doce o trece meses".

Sus palabras se tradujeron ayer en unas salas de vistas desiertas con la honrosa excepción de las número 9 y 2, donde los juzgados de lo Penal 1 y 3 celebraron diez juicios señalados, quizás los únicos, en el transcurso de la huelga.

Los atascos llegaron en el Registro Civil, con 600 solicitantes de certificados -a sumar a los diez mil retrasados-, y en el Decanato. Allí empezó a funcionar un servicio de recogida de escritos, cuya puesta en servicio estaba prevista para antes del parón, destinados a los juzgados de Familia de Arco de Ladrillo. "La idea era evitar el desplazamiento a los procuradores pero hoy -por ayer- nos hemos visto desbordados con 80 escritos registrados en dos horas", reconoce el decano de los jueces.

Y eso es sólo la punta de un iceberg formado por más de dos mil juicios pendientes de señalamiento y un mínimo de nueve mil asuntos de la jurisprudencia civil repartidos por las mesas de los funcionarios. El portavoz de CC. OO., Alfredo Prádanos, aseguró que "aún estamos pendientes de la elaboración del plan de choque y de las directrices que lleguen desde el Consejo General del Poder Judicial". Pero lo primero es lo primero y los funcionarios comenzaron por ordenar el trabajo para poder valorar la verdadera realidad generada por la protesta más larga vivida por el sector en su historia para lograr un aumento de 190 euros al mes.

"Harán falta refuerzos y muchas horas para sacar todo adelante", reitera Ignacio Segoviano, quien se muestra dispuesto a celebrar vistas por las tardes si es necesario. Por ahora se señalarán juicios que sólo requieran de la presencia de procuradores para comenzar a señalar los más complejos a partir de finales de junio.

El engranaje de la maquinaria judicial incluye también la notificación de las sentencias ya elaboradas o pendientes de pasar a limpio -nada menos que cuarenta en el caso de la Sección II de la Audiencia Provincial- a abogados y procuradores. Los primeros han pactado con los jueces que el envío de los fallos "se haga de forma escalonada para no colapsar los despachos y dar el tiempo suficiente para valorarlas y realizar los recursos en plazo si corresponde", aclara el decano de los abogados, Enrique Sanz Fernández-Lomana.

Todo esto se hubiera evitado "si el acuerdo con el ministerio hubiera llegado antes", concluyen en señalar jueces, abogados y sindicalistas. Ahora toca deshacer el entuerto.