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El 18 de noviembre entre 14.000 personas según la Policía Local y 25.000 según la Federación de Vecinos (Fevesa) llenaban la Plaza Mayor de Salamanca contra el proyecto de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento para el 2008, que incluye apreciables subidas en el autobús, el agua, la basura y el Impuesto de Bienes Inmuebles. Un éxito inesperado por los convocantes que se repetía quince días después. El 2 de diciembre de nuevo se abarrotaba la Plaza Mayor -18.000 personas para la Policía Local, 30.000 para Fevesa- en una manifestación de rechazo a la gestión de un alcalde que arrasó en las urnas en las elecciones del pasado mes de mayo.

Ahora, la opinión pública nacional se asombra ante la demostración de fuerza de un colectivo vecinal que en la última década apenas había dado muestras de tener capacidad de movilización entre los habitantes de Salamanca. En apenas unos meses se ha producido un cambio radical que parece basarse en gran media en una de las noticias que más ha calado en la sociedad salmantina en los últimos años, la constatación de que el Ayuntamiento de Salamanca dejará de percibir al menos 20 millones de euros por multas caducadas a constructores que se beneficiaron de excesos de edificabilidad en distintas promociones de la capital.

Julián Lanzarote (Salamanca, 1951), casado y con cuatro hijos, pasa por ser uno de los alcaldes más "mediáticos" de Castilla y León. De incuestionable carisma y capacidad dialéctica, supo poner orden en el Partido Popular de Salamanca, que preside desde 1993, lo que le permitió encabezar en 1995 la lista a la Alcaldía de la capital. Desde entonces, cuenta sus batallas en las urnas por mayorías absolutas y nunca ha bajado de los 41.000 votos, mientras que ninguno de los contrincantes elegidos por el PSOE (Jesús Málaga, Aquiles Magide y Fernando Pablos) ha logrado pasar de los 32.000 sufragios.

Un paseo triunfal en las urnas que dejó paso a legislaturas en las que la gestión de Julián Lanzarote tampoco estuvo exenta de polémica en materia fiscal. Por ejemplo, la aplicación de un estricto plan de saneamiento que llevó en 1999 a incrementar el Impuesto de Bienes Inmuebles en el 70 por ciento, hasta situarlo como uno de los diez más caros de España. En aquel momento, Fevesa, también intentó encabezar una protesta popular contra el alcalde, que estrenaba su segundo mandato, pero aunque se lograron reunir 30.000 firmas, las movilizaciones no alcanzaron apenas relevancia y la subida se mantuvo sin posteriores consecuencias electorales.

De hecho, en una de las pocas manifestaciones públicas realizadas por Lanzarote tras el anuncio de la subida, el alcalde recordaba que entonces "me llamaban criminal y asesino por la calle, me perseguían" y sin embargo, en marzo del 2000 "José María Aznar ganó las elecciones por mayoría absoluta con tres diputados en Salamanca".

Alcalde carismático

A pesar de decisiones como ésta, Lanzarote apenas ha sufrido en estos años crisis de "apoyo popular"", mientras que ha alimentado su carisma con mejoras urbanísticas, mayor promoción monumental, grandes acontecimientos como la Capitalidad Cultural del 2002 y Plaza Mayor de Europa en el 2005 o la batalla contra la devolución de papeles del Archivo General de la Guerra Civil a Cataluña.

De nuevo, en mayo alcanzaba otra mayoría absoluta sin dificultad, a pesar de que la oposición hubiera cifrado en al menos 28 millones de euros el "despilfarro" de dinero público por su gestión. Una cantidad en la que se incluyen los 3,5 millones de euros que ha costado la polémica con las casas de la Muralla, los 700.000 euros de los despidos anulados de los trabajadores de las fundaciones culturales o los 1,8 millones de sobrecoste pagados por los terrenos del Puente Príncipe de Asturias.

Sin embargo, el pasado mes de septiembre comenzaron a acumularse sobre la mesa del Ayuntamiento sentencias declarando prescritas las multas impuestas a constructores que emplearon más edificabilidad en sus promociones y nunca pagaron la deuda. El Ayuntamiento tardó años en perseguir estas infracciones, lo que ha provocado que un reducido grupo de constructores haya dejado de pagar a las arcas municipales hasta 20 millones de euros.

La noticia unas semanas después de que el Ayuntamiento planteara una importante subida en precios como el del autobús (hasta el 80 por ciento), el IBI (45 euros al año), el agua (14 por ceinto) o la basura (34 por ciento), llenó de indignación a una gran cantidad de ciudadanos que decidían salir dos veces a la calle en contra de una subida "para tapar lo que no se ha cobrado a los constructores".

La relación entre las dos noticias queda de manifiesto con la proliferación de pancartas en las movilizaciones alusivas a los "regalos" supuestamente recibidos por la familia Curto, una de las constructoras que se ha visto liberada en los tribunales de pagar importantes multas por deudas de edificabilidad. "Curto, dale algo a Julián que anda apretao" o "Curto, compañero, que pague el primero" han sido algunos de los lemas mostrados en las manifestaciones. Protestas que por el momento sólo han conseguido que el Ayuntamiento distribuya en dos anualidades la subida prevista para el autobús. En medio del silencio público del alcalde y el de todo el equipo de Gobierno en los plenos, en principio el Consistorio aprobará la subida finalmente el próximo 20 de diciembre.