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Son las cosas de estar en dos sitios a la vez. El presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano, se vio ayer inmerso en una situación muy comprometida. El Ayuntamiento aprobó, con los votos a favor del PP y PSOE, una enmienda de sustitución presentada por los populares a una moción de Izquierda Unida por la que se insta a la institución provincial a que destine once parcelas del plan parcial Villa del Prado a pisos de protección oficial, en total 284 viviendas. El propio Ruiz Medrano, junto con el otro miembro de la Diputación en el Consistorio, Jesús García Galván, dio su apoyo en el pleno a esta solicitud.

Minutos más tarde, Ruiz Medrano matizaba, en conversación telefónica, que había votado a favor por «disciplina de partido», pero se escudaba en la «autonomía» de la institución que dirige y no descartaba convocar una nueva subasta para pisos libres si así se decidía en el Palacio de Pimentel.

La contestación sorprendía por contradictoria. Se suponía que si se daba el visto bueno a la moción es porque previamente al pleno el equipo de León de la Riva y Ruiz Medrano lo habían pactado. Al parecer esto no había sido. También se podría pensar que si los miembros del PP de la Diputación anteponen la autonomía en su institución a su condición de concejales podían haber emitido sendos votos particulares dentro de su grupo (en contra o abstención), pero esto tampoco se produjo.

La Diputación decidió en septiembre del 2007 sacar a subasta estas once parcelas -60.526 metros cuadrados con una edificabilidad para 284 viviendas libres- con un precio de salida de 61,5 millones de euros. Sin embargo, nadie acudió a la puja. Ramiro Ruiz Medrano aseguró ayer que la intención de la Diputación no es convocar ninguna subasta por el momento, a la espera de que la situación económica y del mercado inmobiliario mejore con un posible cambio de equipo en La Moncloa.

El presidente de la Diputación subrayó, y sonó a justificación por la decisión que se pueda tomar en un futuro, que de las 3.800 viviendas del plan parcial, 1.600 gozan de algún grado de protección, lo que, a su juicio, da fe del «compromiso» con los ciudadanos de la capital.

Hasta el momento la Diputación ha alimentado sus arcas, en buena parte, gracias a la venta del suelo de este nuevo desarrollo residencial. Ruiz Medrano aclaró que por el momento el nivel de endeudamiento de la Diputación es del 38% y que se puede llegar hasta el 110% con lo que aún hay margen, pero eludió comprometer el suelo para levantar pisos de VPO. Además, recordó que el objetivo de esta entidad es asegurar la mejora de la calidad de vida de los habitantes de pueblos de la provincia y fijar población en ellos mediante inversiones.

El Grupo Popular aprobó esta moción en concordancia con el acuerdo unánime que el Consistorio tomó el pasado 6 de noviembre cuando también solicitó al Ministerio de Defensa que dedicase las parcelas de plaza del Ejército a viviendas de protección oficial. La moción de ayer también la presentó el concejal de IU, Alfonso Sánchez de Castro, quien finalmente no apoyó la enmienda de sustitución del PP, ya que él pedía pisos de régimen especial, viviendas sociales y en régimen de alquiler.

Al ser preguntado por el asunto, León de la Riva explicó que el presidente de la Diputación tiene la obligación de «acatar la disciplina municipal». «Esta moción se veía venir después de la de Defensa. Entonces dijo que había que votar que sí y aquí compartía que había votar que sí, luego en el ejercicio de su legítima autonomía como presidente de otra institución hará lo que tenga que hacer», recalcó el regidor, quien mostró «la disponibilidad absoluta» del Ayuntamiento para gestionar la adjudicación de los pisos si finalmente se dedican a VPO.