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Las Cortes de Castilla y León aprovecharon ayer la celebración del Día de Europa para "hacer un llamamiento al consenso de los grupos políticos y de la sociedad con el fin de que la erradicación de la violencia doméstica en Europa sea una cuestión de primer orden en las agendas políticas de los estados miembro". Precisamente con este fin apoyaron una declaración con trece puntos que sentarán las bases del futuro dictamen que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera presentará en el Comité de las Regiones con el objetivo de llegar a soluciones conjuntas en todos los países de la Unión Europea.

La delegada de Castilla y León en la Unión Europea. María José de No, presente en el acto junto a las directoras generales de la Mujer, Alicia García y de Acción Exterior, María de Diego, se refirió a este fenómeno como una "lacra social" que es necesario erradicar. Un hecho en el que coincidieron las por portavoces popular y socialista en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ángeles Armisen y Elena Pérez, quienes destacaron la importancia de este día en el que se ha aprobado un "compromiso de mínimos" y recordaron que aunque "no partimos de cero" -existen leyes y medidas tanto estatales como regionales-, los "escalofriantes" datos que existen son pruebas de que aún son insuficientes.

En este sentido, María Ángeles Armisen recordó que según ha revelado la propia Organización de Naciones Unidas "cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo y al menos una de cada cinco mujeres es víctima de malos tratos en su propio hogar". Al mismo tiempo, subrayó que este tipo de violencia es la primera causa de muerte entre las mujeres de 16 a 44 años, "más incluso que el cáncer, los accidentes de tráfico y las propias guerras".

Para intentar acabar con esta situación las Cortes acordaron una batería de medidas que según explicó Armisen, pasan por el aumento de las medidas de seguridad; la formación de los profesionales en el ámbito educativo; la creación de unidades especiales dentro de los Cuerpos de Seguridad y la sensibilización de la ciudadanía en general. Asimismo, el Parlamento regional acordó apostar por la educación en igualdad, promover campañas contra los malos tratos y programas específicos de modificación de conducta en los hombres agresores; realizar estudios y recoger datos estadísticos para conocer la situación; garantizar la igualdad en todos los ámbitos y promover el intercambio de buenas prácticas entre los estados miembro. Una medida ésta última que Armisen destacó entre las más importantes para poder intercambiar entre los estados miembro medida que han funcionado.

Los objetivos, al igual que los compromisos adquiridos ayer en las Cortes, explicó la socialista Elena Pérez, pasan por que exista "tolerancia cero" hacia la violencia contra las mujeres y que la perspectiva de género se incluya en todas las políticas públicas. Al mismo tiempo, Pérez abogó por apoyar "decididamente" las políticas preventivas y promover una intervención integral de todos los factores sociales que tienen que ver con la lucha contra este fenómeno, por lo que las administraciones -sentenció- "deben ser garantistas de su cumplimiento".

El documento acordado servirá para trabajar a partir de ahora en la propuesta de Herrera, que según el calendario del Comité de las Regiones, será visto en julio por la Comisión de Economía y Social, en octubre pasará a la Mesa, en diciembre se volverá a tratar en la Comisión y, previsiblemente, en febrero de 2009 se aprobará por el pleno del Comité.