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La Diputación Provincial tampoco se escapó de la censura de UGT, que la acusó de mantener una actitud desidiosa en la prestación del servicio de ayuda a domicilio que prestan de 200 a 250 auxiliares a unos seiscientos usuarios de la provincia.

Lorena Martín, secretaria de la Federación de Servicios (FeS) criticó la descoordinación existente entre los Centros de Acción Social y las empresas contratadas para prestar la ayuda domiciliaria, que son las que asignan las tareas y horarios a las auxiliares. De tal forma que son estas últimas las que, al final, son las que sufren los desencuentros con las familias de las personas atendidas que, a menudo, confunden las tareas propias de su trabajo con las que corresponden a las empleadas de hogar.

"Que no lo sepan las familias se puede comprender, pero que en la Diputación no es tolerable", afirmó Martín, máxime cuando las funciones de las auxiliares vienen recogidas tanto en su convenio colectivo como en los contratos que la institución provincial suscribe con las empresas prestatarias del servicio.

La dirigente de FeS denunció que no hay una adecuada valoración inicial de las necesidades de los usuarios, ni un seguimiento de los cambios que se operan en función de la evolución de su estado de salud, por lo que "corresponde a las auxiliares, con su experiencia y criterio, afrontarlas de la mejor manera posible".

"Llevamos diez años con este problema sin que la Diputación asuma su responsabilidad, que delega en las empresas y éstas a su vez en las auxiliares", explicó Lorena Martín, que reclama que las trabajadoras que prestan la Ayuda a Domicilio tengan informes detallados y por escrito de las necesidades de los usuarios y, por tanto, de las tareas que deben cubrir en los hogares, "para, entre otras cosas, evitar malentendidos".

Según dijo, las auxiliares no disponen tampoco de información sobre las enfermedades que las personas que atienden pueden transmitirles, ni de las medidas que tienen que adoptar para evitar posibles contagios.