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La Residencia Mixta de Segovia tiene 89 plazas sin ocupar desde hace un año, 42 de válidos y 47 de asistidos, según denunció ayer UGT, que calificó este hecho de "vergonzoso " e "impresentable " y acusó a la Junta de Castilla y León de favorecer a los centros privados de personas mayores, al tiempo que le exigió el desarrollo de la Ley de Dependencia en el conjunto de la región.

El secretario provincial del sindicato, José Centeno; el responsable de su Federación de Servicios Públicos (FSP), Miguel Ángel Mateo, y la secretaria de la Federación de Servicios (FeS), Lorena Martín, comparecieron en rueda de prensa para censurar la situación de los servicios sociales dependientes tanto de la Junta como de la Diputación, ambas gobernadas por el PP.

Mateo explicó que la Residencia Mixta, ubicada al borde de la CL-601 (Segovia-Valladolid), en el paraje de El Terminillo, cerró la mitad de sus 178 plazas en el año 2001 para acometer unas obras de reforma que habrían de durar dos o tres años pero que no concluyeron hasta abril del 2007.

Un año después habitaciones con capacidad para 89 camas siguen cerradas porque no ha metido en ellas el mobiliario, "a pesar de que son muchos los segovianos que están en lista de espera para obtener una plaza pública para sus familiares ", afirmó el secretario de la FSP. A juicio de UGT esta situación sólo se explica por el afán de la Administración regional de favorecer a las empresas que han abierto centros privados de tercera edad, con los que "debe tener concertadas en torno a 600 plazas, porque si no no cuadran las cuentas que realiza la propia Junta ", afirmó Mateó.

El consejero de Familia, César Antón, ha informado recientemente de que en la provincia de Segovia hay 1.178 plazas públicas para mayores, pero según las cifras facilitadas por UGT, en las residencias de la Junta sólo hay 478 -300 en la Residencia Asistida y 178 en la Mixta (y la mitad sin ocupar)-, a las que se podrían sumar 95 de la Diputación. "Así pues, para cuadrar las cuentas del consejero faltan 605, que son las que deben corresponder a las concertadas ", esgrimió Mateo. Según informó, la Junta abona a las residencias privadas dos tipos de cantidades por residente y día, 55,95 euros y 59,74 euros, lo que hace una media de unos 1.600 euros mensuales.

El hecho es que si mayores asistidos ya estuvieran evaluados como grandes dependientes, el Estado correría con el 50 por ciento de su asistencia, lo que no está sucediendo "por la falta de voluntad política de la Junta de desarrollar la Ley de Dependencia ", según acusó el secretario provincial de UGT.

Centeno criticó el retraso de la aplicación efectiva de la Ley en la región y la provincia; la falta de coordinación existente entre los Centros de Acción Social y Sacyl a la hora de evaluar a los dependientes, la nula formación proporcionada a los profesionales que deben realizarla y la escasa información dada a los potenciales beneficiarios, lo que a su juicio explica la "falta de interés "sobre este asunto que refleja una reciente encuesta del Observatorio Socioeconómico de Segovia.

En su opinión, el escaso número de evaluaciones realizadas a los solicitantes, que son por el momento más de 28.000 en la región y cerca de 2.000 en Segovia, retrasará de nuevo la llegada de fondos estatales a Castilla y León, "lo que será aprovechado por la Junta para echar la culpa al Gobierno, cuando en realidad es suya ", aseveró.

El secretario provincial de UGT consideró que en una comunidad como la castellanoleonesa - "que ostenta el índice de envejecimiento poblacional más alto de España y de Europa, y a lo mejor del mundo ", dijo- la Ley de Dependencia está llamada a jugar un importantísimo papel no sólo en la atención de sus habitantes, sino también en la creación de empleo, "lo que ayudaría a reducir el déficit de trabajo que ahora mismo está aflorando ", concluyó.