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Desde finales de abril, los remolacheros de Castilla y León están presentando recursos de reposición ante la Consejería de Agricultura contra el acuerdo firmado el 10 de marzo en Valladolid (siete folios) para reestructurar el sector. Lo rubricaron la Junta, Ebro y Acor.

Se trata de un documento de cuatro folios en el que se declara "la nulidad" del acuerdo azucarero sobre la base de dos normativas diferentes: El artículo 116 de la Ley 30/92 (que les otorga el derecho a recurrir actos administrativos) y el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 320/2006 del Consejo, de 20 de febrero del 2006, en su apartado número seis que regula la OCM.

Los remolacheros consideran que el acuerdo vulnera este último artículo ("los estados miembros concederán la ayuda basándose en criterios objetivos y no discriminatorios") al entender que se "beneficia a unos agricultores respecto a otros" teniendo en cuenta que, como explican en el apartado expositivo del recurso, "para los agricultores de Ebro que sean contratantes de la fábrica de Peñafiel" se tomará el periodo de referencia (para conceder las ayudas que llegarán de Europa con motivo del cierre de la fábrica) las cuatro campañas comprendidas entre los años 2005 y 2009, sin embargo, para los agricultores de Azucarera Ebro que no sean contratantes de la fábrica de Peñafiel "se tomará como único periodo de referencia la campaña 2008-09".

"Se da la paradoja -argumentan los remolacheros- de que los agricultores a los que más requisitos temporales se les exige, son los contratantes habituales de las fábricas objeto de cierre, privilegiándose injustamente a personas no contratantes habituales de las indicadas fábricas, a quienes sólo les basta como periodo de referencia la campaña 2008/09, produciéndose una clara discriminación respecto de los primeros, no resultando ni siquiera objetivo el baremo utilizado para beneficiar a los agricultores no contratantes con las fábricas objeto de cierre". Además, el recurso entiende que considerar la presente campaña (2008-09) como periodo de referencia -que en estos momentos se encuentra con la siembra iniciada- "distorsiona en gran manera la realidad del sector remolachero en las campañas anteriores", porque podría entenderse "que se está utilizando indebidamente parte de la ayuda de reestructuración destinada a compensar el abandono de la producción, pudiéndose llegar incluso a entender que tal ayuda se está destinando al fomento de la producción de la remolacha". Esto supondría "un ataque" al espíritu del Reglamento 320/2006.

Los agricultores aseguran que todavía no han obtenido respuesta de la Junta y están incluso dispuestos a recurrir ante la Comisión Europea en Bruselas.

Por su parte UPA entiende que con estos recursos "se podría llegar a paralizar cualquier venta de Ebro Puleva -anunciada esta pasada semana-, ya que este plan teóricamente es el que daba estabilidad suficiente a la empresa -que no al sector productor- para que la multinacional vendiera, ofertando el paquete de acciones y por lo tanto desprendiéndose de su sección de azúcar".

Siente que los hechos le están dando la razón cuando denunció que el pacto "no daba estabilidad al sector" y cuando dijeron que "estábamos ante una maniobra de intereses exclusivos por parte de la multinacional, amparándose en Acor y en la Junta de Castilla y León".