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Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer una proposición no de ley promovida por el Grupo Parlamentario del PP que solicita del Gobierno la restitución de los documentos que salieron del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca y que fueron cedidos a la Generalitat de Cataluña. Los populares consideran que fue un expolio que ha roto la unidad del archivo. La proposición insta al Ejecutivo a que paralice cualquier traslado hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva el recurso contra la ley que lo permitió.

La iniciativa aprobada por los votos del PP y la oposición del PSOE reclama que cualquier decisión sobre la identificación documental «se efectúe de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en un régimen de máxima transparencia» y exige que se de audiencia a la Junta en los trámites del proceso «y no con el sigilo y ocultismo que ha seguido hasta la fecha» por el Gobierno, dice la propuesta.

Demanda por último la puesta en marcha del Centro Documental de la Memoria Histórica con sus tres sedes: el colegio de San Ambrosio, el Palacio de Orellana y la Plaza de los Bandos. «Y de este modo, volver a disponer de un Archivo unido y sin sustracciones», finaliza.

El socialista Óscar Sánchez indicó que la ley que permitió el traslado a Cataluña restituye una documentación de la que tendrá copia el centro salmantino y defendió que el futuro secretario regional socialista, Óscar López, la votara en el Congreso «porque es una ley de la que se siente orgulloso, igual que yo estoy orgulloso de haberla defendido en este Parlamento», dijo Sánchez, quien reiteró, que el nuevo Centro de Documentación de la Memoria Histórica llevará a Salamanca 120.000 cajas de documentos.

El Pleno aprobó además la tramitación de la Ley de Urbanismo tras rechazar la enmienda a la totalidad del PSOE.