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La Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI, el colectivo que figura como acusación popular en la investigación que lleva a cabo el juez de Instrucción número 1 de Valladolid en relación a una presunta trama de corrupción urbanística en ese municipio, lamentó ayer que el magistrado haya pospuesto hasta después de las Elecciones Generales del 9 de marzo las declaraciones de José Manuel Méndez y su ex empleada y apoderada de Mahía, María Iluminada Miguel, que fueron citados a declarar el pasado 3 de diciembre, declaración que se suspendió a petición del abogado Javier Gómez de Liaño.

El letrado de ambos justificó su ausencia por tener que estar presente en la Audiencia Nacional en otro asunto profesional. Ante esta circunstancia, el juez de Instrucción número 1 de Valladolid, José María Crespo, ha dictado una providencia en la que fija el interrogatorio de Méndez y de la apoderada de Mahía para el 12 de marzo del 2008, tres meses después de la fecha prevista.

Además, el juez ha retrasado para el 13 de marzo del año que viene la declaración que debe de tomar en presencia del fiscal y del abogado de la Agencia Tributaria del ex diputado provincial y presidente del Balonmano Valladolid, Dionisio Miguel Recio, y del arquitecto del Grupo Mahía, Francisco Javier González Barriuso. Los cuatro comparecerán en calidad de imputados por este caso en el que se investigan presuntos delitos contra la Administración como cohecho, prevaricación, tráfico de influencias o delitos fiscales.

La asociación vecinal denunciante asegura que la agenda de Gómez de Liaño "está marcando la investigación", y retrasando el trabajo del Juzgado respecto al principal investigado, que prestaría declaración 22 meses después de que se abriera este caso.

Arroyo Siglo XXI recordó que por parte de la defensa se está llevando a cabo "una maniobra para dilatar en el tiempo" la presencia de Méndez hasta después de las elecciones, y "evitar cualquier consecuencia política". A este respecto, la acusación recuerda que el letrado Gómez de Liaño podría haber sido sustituido por una compañera y abogada de José Manuel Méndez, Rocío Marcos, que también asumió la defensa del alcalde en el "caso Dema". Sin embargo, esta letrada ha comunicado al juez en los últimos días su renuncia para dejar la defensa en exclusiva a Liaño, cuya presencia en otros asuntos judiciales en toda España limita la capacidad de citación del juez de Valladolid.

El pasado 28 de noviembre, la apoderada de Mahía, María Iluminada Miguel, comunicó al Juzgado la designación de Gómez de Liaño como su letrado particular. El juez mantiene, no obstante, las declaraciones para el 18 de diciembre del arquitecto municipal, Buenaventura Conde, y su esposa, Nerea Santiago, que tal y como desveló este diario en julio del 2006 creó al 50 por ciento una sociedad, Arquiduero, con el arquitecto del Grupo Mahía, Javier González Barriuso.

Por otra parte, la acusación particular censuró ayer el retraso en la remisión al Juzgado de Instrucción número 1 del informe que agentes de la Jefatura Superior de Policía elaboraron sobre el patrimonio y bienes de cargos públicos relacionados con el Ayuntamiento de Arroyo.

Dicho informe oficial se encuentra desde octubre en otro procedimiento civil en poder del magistrado de Primera Instancia número 7 de Valladolid, cuya ubicación física del juzgado es una planta más arriba que el órgano penal que está investigando. Pese a ello, el informe lleva más de diez días sin ser remitido al instructor de este caso después de que el juez accediese a la petición de la asociación vecinal para reclamarlo como prueba.