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"Importamos presos y somos solidarios con el resto de cárceles españolas cuando resulta que nuestras propias prisiones están completamente masificadas", advierte el secretario de organización del sindicato ACAIP, José Antonio Cartón. Dicha agrupación presentó ayer un detallado informe que refleja que la prisión provincial de Valladolid se encuentra al 140 por ciento de su capacidad operativa con un volumen de 491 reclusos sobre 350 plazas reales.

Y eso no es nada si se compara con las tasas de hacinamiento de prisiones como la de La Moraleja (Palencia), con el 169 por ciento (1.707 sobre 1.008 plazas); Burgos, con el 208 por ciento (557 sobre 267); Soria, con el 225 por ciento (201 sobre 89); Topas (Salamanca), con el 172 por ciento (1.739 sobre 1.008) o León, con el 170 por ciento (1.707 sobre 1.008). ¿Qué suponen estos datos? José Antonio Cartón responde que en la situación actual "los funcionarios no pueden garantizar ni su propia seguridad ni la del centro penitenciario". Así lo demuestran situaciones en las que un solo funcionario, dos o tres a lo sumo, tiene que controlar a grupos de, incluso, 150 internos.

La solución, a juicio del portavoz de los funcionarios, pasa por un incremento de al menos el 10 por ciento de la actual plantilla acompañado de una "agilización de las inversiones prometidas recientemente por Instituciones Penitenciarias". Entre ellas se encuentra la creación de un segundo Centro de Inserción Social (CIS) a sumar al que ya existe en la capital vallisoletana para permitir que las decenas de reclusos que se encuentran en situación de tercer grado o similares -dormir o pasar días sueltos en la cárcel- puedan ir a parar a "estos centros desahogando así un poco la prisión".

Al CIS de Valladolid tendrían que sumarse a corto plazo los de Segovia (a punto de inaugurarse) y Palencia. Cartón añade que, sin embargo, la máxima prioridad a nivel regional la representa en estos momentos la construcción de dos nuevos centros de tipo medio en Soria y Zamora y uno más, de tipo terapéutico, en León. La única que por el momento está en vías de licitación -la próxima semana- es la de Soria.

La situación es "más que preocupante" para un representante sindical que recuerda que la tasa media de hacinamiento en la comunidad alcanza el 170 por ciento. Buena parte de "culpa" de que la población reclusa se haya duplicado en los últimos ocho años -de 3.646 internos (394 en Valladolid) en el 2000 a 7.229 (491) en el 2008- la tiene la llegada de 2.430 reclusos extranjeros, que ahora representan en su conjunto el 57 por ciento de la población (4.040 presidiarios).

Los datos que atañen a la prisión provincial no son tan alarmantes y en ella la tasa de internos foráneos sólo alcanza el 23 por ciento (116 internos). Aún así la situación dista mucho de ser idílica y el portavoz de ACAIP exigió ayer la dimisión del actual subdirector de seguridad del centro a raíz del conato de motín registrado la semana pasada en uno de los módulos y en el que resultaron heridos varios funcionarios. "Sus métodos son de hace 20 años y es importante que le sustituyan cuanto antes para evitar nuevos incidentes", alega el sindicalista.

Pero si algo llama la atención del informe elaborado por ACAIP es la alarmante cifra de que el 61 por ciento de los reclusos de la prisión vallisoletana, es decir, seis de cada diez internos, son reincidentes y cumplen condena por segunda, tercera o enésima vez en este centro.