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Los trabajadores de asociaciones del sector privado dedicado al cuidado de personas discapacitadas se concentraron ayer frente a la sede de la federación que las une, Feaps, en la calle del Prado, para reclamar un convenio autonómico. Avalados por UGT y CC. OO. en sus reivindicaciones, más de un centenar de empleados exigieron que dicha organización que engloba directamente a más de cuarenta asociaciones y a otras tantas organizaciones menores y, por lo tanto, a un colectivo de 5.000 trabajadores en Castilla y León (1.300 en Valladolid) ejerza como patronal dado que la «relación contractual es con Feaps», según explican dichos sindicatos.

Ante la negativa de esta organización a adoptar este papel y, por lo tanto, ante la imposibilidad de negociar un convenio autonómico, los trabajadores -muchos de ellos discapacitados y con contratos especiales-, han llevado su protesta a la calle en una concentración que duró una hora y aseguran que continuarán con movilizaciones si no se llega a un acuerdo.

Según explicaron los responsables de enseñanza privada de Comisiones y UGT, la principal reclamación es la de una subida salarial dado que estos cuidadores cobran unos 835 euros brutos al mes mientras sus compañeros del sector público, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, suman 1.350 euros al mes «por el mismo trabajo». Su reclamación es la de alcanzar al menos los mil euros.

Desde junio del 2006, el convenio estatal para trabajadores de entidades privadas sin ánimo de lucro que atienden a personas discapacitadas permite los acuerdos autonómicos para mejorar las condiciones laborales. En algunas comunidades, como Cataluña, han suscrito su propio acuerdo y en otras, como Aragón, han pactado unos complementos salariales que suponen un incremento del 12% del sueldo, según informan ambos sindicatos.

Estas asociaciones federadas en Feaps viven de las subvenciones, en este caso de la Consejería de Familia, pero esta financiación depende precisamente del precio de las retribuciones, y «sin son bajas, el concierto es bajo».

Los representantes sindicales también reclamaron en este sentido la intervención de la Junta, dado que «son conscientes de que están cobrando por debajo de lo que cuesta un puesto de trabajo en la pública» y «estos servicios son fundamentales para desarrollar la nueva Ley de Dependencia», por lo que «es importante llegar a acuerdos entre administración, patronal y sindicatos para que la región no se quede a la cola en la implantación de esta normativa».

Además del incremento salarial, piden una carrera profesional, la posibilidad de no estancarse en las categorías profesionales porque «estar 35 años con las mismas condiciones laborales es algo difícil de soportar y este es un sector con muchas bajas laborales», destacaron las mismas fuentes.