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Después de seis semanas de huelga, los juzgados de Zamora han quedado paralizados, a falta de asuntos que resolver porque no hay funcionarios que les den el trámite. Sin juicios señalados, sin sentencias que dictar, sin declaraciones de acusados o testigos, sin embargos ni subastas, sin desahucios y sin indemnizaciones que pagar, los jueces, fiscales y secretarios judiciales que no están en huelga han entrado también en paro forzoso. El presidente de la Audiencia, Luis Brualla, expresó ayer su preocupación por la paralización de la actividad y por el retraso de los asuntos, que costará más de un año poner al día, un plazo que el propio Luis Brualla Santos-Funcia califica de «optimista». Y eso sin tener en cuenta que la huelga de funcionarios continúa y con carácter indefinido.

Así las cosas, jueces, abogados y procuradores acudieron ayer a la concentración de los funcionarios en huelga ante la Subdelegación del Gobierno para exigir "Justicia, solución ya", como se leía en la pancarta.

El caos en la Administración judicial se traduce en cifras como los 554 juicios suspendidos, puesto que solo se celebran vistas de causas con preso; pero hay otros datos menos visibles para el ciudadano de a pie que dan idea del colapso. Así, hay 671 demandas pendientes de incoar, 2.008 escritos y casi dos mil comunicaciones pendientes, 205 declaraciones penales suspendidas y 660 asuntos penales sin tramitar. En los juzgados de Zamora y los de la provincia se acumulan 1.200.000 euros correspondientes a indemnizaciones, embargos y consignaciones de rentas que no se han entregado. Han quedado canceladas, igualmente, actuaciones como embargos, subastas y desahucios.

En la práctica, esto incluso beneficiará muchos, por ejemplo, quienes estén abocados a una condena, que se pospondrá varios meses, o los que estén pendientes de embargo o desahucio, que disfrutarán más tiempo de sus bienes o del piso que ocupan. Pero la mayoría se verán perjudicados: quienes tienen que cobrar una indemnización, renta o, simplemente, los que esperan justicia.

La actividad en los juzgados está reducida, literalmente, a los mínimos y el ambiente en las dependencias de justicia es de vacío en despachos y pasillos y de paralización prácticamente total.

En la Audiencia ya se han celebrado todos los juicios que estaban señalados desde primeros de año -se han resuelto medio centenar, indicó el presidente de la Audiencia-, pero no se notifican sentencias ni se hacen nuevos señalamientos, salvo excepciones. Una situación similar se da en los juzgados, de forma que magistrados y jueces no tienen en qué ocuparse. Se atienden, eso sí, los casos urgentes: además de las causas con preso, las de violencia sexista y maltrato doméstico en general, órdenes de alejamiento, así como delitos de sangre, entre otros.

Para Luis Brualla, el conflicto es resultado de una situación injusta: el que a igual trabajo la remuneración de unos funcionarios sea inferior a la de otros de comunidades que tiene las competencias de justicia transferidas. En este sentido, dijo, «entiendo las reivindicaciones». Puntualizó que «sin apoyar expresamente la huelga» ha hecho constar desde el primer día al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial «la preocupación y la necesidad de que se adopten medidas para solucionar el conflicto.

Brualla advirtió de que incluso cuando termine la huelga y aunque los funcionarios hagan horas extra para agilizar los trámites atrasados, se creará «un embudo», porque los jueces se verán limitados para dictar resoluciones, ya que a la «carga habitual» se sumarán los asuntos acumulados, y el número de juicios que se pueden celebrar al mes también es limitado.

El presidente de la Audiencia calificó de ejemplar el comportamiento de los funcionarios en huelga, incluso con las tensiones en los primeros días cuando se prohibió que los huelguistas permanecieran en las dependencias «para salvaguardar el derecho de los que optaron por no hacer huelga».

Desde que el pasado día 4 de febrero se iniciara la medida de protesta, los funcionarios han recibido muestras de apoyo a sus reivindicaciones de jueces, abogados y procuradores de tribunales. Ayer, integrantes de estos colectivos se sumaron a la concentración en la plaza de La Constitución, y entre los funcionarios que se manifestaban estaban también integrantes de la judicatura y de colectivos que colaboran en la Administración de justicia.

En el comunicado leído durante la concentración, la plataforma sindical convocante de la huelga -CSI-csif, CC. OO., UGT y STAG- admitió los «efectos perniciosos» de esta medida, y pidieron «sinceras disculpas» a los ciudadanos por las molestias y perjuicios.