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La Consejería de Sanidad paga a los profesionales diversos tipos de primas para incentivar la mejora del rendimiento y de la asistencia en el sistema público. El Insalud ya tenía establecidas puntuaciones por el cumplimiento de determinados objetivos pero las transferencias sanitarias han potenciado este concepto y, en particular, por el Plan de Reducción de Listas de Espera y el de contención del gasto farmacéutico. Los incentivos y, en especial, su distribución entre las diferentes categorías profesionales, han generado una amplia polémica y enfrentamiento entre los sindicatos del sector y Sacyl.

La noticia de la renegociación se ha conocido sólo unas horas después de que el TSJ haya anulado la prima a los médicos de Atención Primaria por recetar genéricos.

Por ello, ya el pasado día 10 de abril, el acuerdo de medidas laborales firmado por representantes de los trabajadores y Sacyl recogía que los incentivos se llevarán a la mesa para la negociación con las fuerzas sindicales. Sanidad se ha comprometido así a la revisión del régimen retributivo y, por lo tanto, también de los conceptos de productividad variable, como medida además para fidelizar a los profesionales y poner freno a la carencia de médicos especialistas.

Según destaca la secretaria de Sanidad de UGT, Concepción Hernández, «estamos especialmente orgullosos de que se requiriera, y tuvimos que insistir en ello, que estos incentivos se negociaran con las fuerzas sindicales». Entre otras cuestiones, UGT defiende que las primas no premien sólo a los médicos y enfermeras sino a todo el personal que de una u otra forma está implicado en el descenso de los tiempos de espera asistencial o de mejoras asistenciales.

Polémico el reparto en todos los incentivos y también la adjudicación en si en el caso de los pagados por recetar genéricos dado que incluso algunos de los propios profesionales cuestionan la ética de impulsar este tipo de fármacos de esta manera. Uscal lo llevó finalmente a los tribunales y acaba de lograr la sentencia firme, había sido recurrida la primera instancia, en la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León anula por ilegal esta incentivación que coacciona la libertad de prescripción y la limita a criterios economicistas olvidando las necesidades particulares de los pacientes. También la Sociedad Castellano y Leonesa de Médicos de Familia se ha manifestado en contra de dicho planteamiento que la Administración sanitaria implantó en el año 2004.

Desde entonces, algunos facultativos de Atención Primaria han cobrado 2.600 euros anuales por dicho concepto. El porcentaje de médicos incentivados ha subido en Valladolid del 25%, que cobraron dicha cantidad en el 2006 (134 médicos) por cumplir objetivos en el ejercicio anterior, al 44% que lo percibió el pasado año (238 facultativos). Respecto a lo correspondiente al 2007 está pendiente de cobro y ahora también de la interpretación de la ejecución de sentencia dado que el fallo judicial solamente hace referencia en principio a los incentivos percibidos en el 2006. Sanidad había establecido que se recetaran para cumplir objetivos al menos el 16% de genéricos en la zona Oeste y el 15,45% para el Este en dicho año.

Colaborar con el plan de listas de espera también premia a los profesionales sanitarios con unos 1.600 euros.