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El asiento de la cartilla de ahorros marca 58 céntimos. Lo ingresa la Consejería de Agricultura y es la ayuda que ha recibido un agricultor segoviano para paliar los daños que causó en su girasol el topillo campesino.

Es la subvención más escuálida de las 2.400 que ha hecho públicas la Junta de Castilla y León sobre el reparto de 4,74 millones de euros, pero no es la única que llama la atención por la escasa cuantía. Las hay de 80 céntimos, de 1,07 euros y de 1,27, que se integran en la parte baja de un cupo de ayudas de menos de 10 euros que no es nada despreciable en un listado de beneficiarios coronado por los 104.088,83 euros que el departamento que dirige Silvia Clemente le ingresará a una cooperativa palentina.

La Dirección General de Producción Agropecuaria se ha encargado de los peritajes y ha remitido a los agricultores una valoración de los daños que presentan las fincas, en unos casos de secano y en otros de regadío, después de que los titulares lo pidieran. Una vez que se les envió la tasación, los interesados tuvieron que presentarse a esta ayuda para poder cobrar la subvención. Sin esta segunda solicitud expresa no se podía acceder a esta aportación. El director de Producción Agropecuaria, Baudilio Fernández-Mardomingo, firmó el pasado 5 de mayo la resolución que da derecho a percepción de la ayuda a 2.400 labradores, con las cuantías que iban a recibir en sus cuentas de ahorro.

«Desde un principio dijimos que las pérdidas no se iban a compensar», critica Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León. Desde la organización agraria con mayor representatividad en el campo regional, Dujo apunta la endeblez de los cimientos sobre los que se han sustentado las ayudas para afrontar los daños de una plaga que tomó categoría de catástrofe en junio del año pasado, coincidiendo con el paréntesis administrativo que se dio entre las elecciones y la formación del nuevo Gobierno de Herrera, con relevo incluido en la Consejería de Agricultura.

«Las órdenes de ayudas se publicaron tarde, en julio, cuando ya se había cosechado la cebada y no se podían dejar muestras para peritar los daños y se plantearon con una franquicia del 30%, algo que es inasumible por los agricultores», argumenta el dirigente de Asaja, que asegura que, partiendo de estas dos premisas, «la parte que iba a pagar la Junta iba a ser siempre muchísimo menor que el daño causado por los topillos y eso lo advertimos».

Coincide con Dujo el secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores. «Es indignante, casi de risa, si no tuviera el fondo que tiene la cuestión», afirma Julio López al valorar la cuantía de las subvenciones que están recibiendo los agricultores a cuenta de la plaga de roedores. Este dirigente sindical augura un goteo de reclamaciones contra unas resoluciones de ayudas que no duda en calificar como «de traca». «Están empezando a llegar las de regadío y acabo de estar con un agricultor al que le reconocen daños del 33% en alubia blanca, lo que supondría 300 kilos por hectárea valorados en más de 300 euros, y le han ingresado 29», apunta.

El dirigente de UPA lamenta la falta de información por parte de la Administración sobre datos básicos para valorar si los peritajes y las valoraciones son correctos y aconseja a los agricultores que se asesoren con las actas de tasación en la mano para ver si deben plantear algún recurso. «Sólo reconocen el tanto por ciento del daño de las parcelas, pero no sabemos sobre qué producción se calcula, porque ese índice no lo traducen a kilos y esa falta de información, casi un año después del daño, es indignante», explica Julio López.

Dujo señala que desde Asaja se han cumplimentado recursos incluso para afectados que, a priori, quedaban fuera de los requisitos de las órdenes de ayudas. «Unas órdenes injustas, que deben servir de experiencia para que la Administración sepa lo que tiene y lo que no tiene que hacer si en un futuro nos vemos en otra similar», recalca Donaciano Dujo, quien lamenta que la Consejería de Agricultura no actuara de forma más diligente cuando empezaron a proliferar los topillos en el otoño del 2006 en Tierra de Campos. «Con los tratamientos químicos adecuados no habríamos tenido que afrontar ni el problema agrario, ni el sanitario, ni las pérdidas económicas de la plaga. Habría supuesto menos dinero acabar con ella y menos costes», concluye el presidente de Asaja.