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El Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia ha anulado en una sentencia los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento celebrada el 17 de febrero del 2005 en los que se acordó la cesión onerosa de dos parcelas ubicadas en el Sector 8, donde se construyó el nuevo campo de fútbol, a una constructora para edificar viviendas de precio libre. El Juzgado asume con este fallo la tesis del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) en una sentencia firme sobre un caso similar, promovidos ambos por el ex concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Palencia Mariano San Martín.

El antiguo edil de izquierda recurrió sendos acuerdos de la Junta de Gobierno Local, que preside el alcalde, Heliodoro Gallego, del PSOE, por los que se vendían parcelas de propiedad municipal a constructoras para que se edificasen viviendas de precio libre. San Martín mantiene, y la Justicia le ha dado la razón, que las parcelas municipales deben ser enajenadas para construir viviendas con algún tipo de protección oficial.

El Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia emitió una primera sentencia en la que no daba la razón al ex concejal, pero éste recurrió al TSJ, quien sí se la dio. El tribunal autonómico argumenta que la Ley del Suelo de 1992, que no fue derogada por la Ley del Régimen del Suelo y Valoraciones de 1998, establece que los bienes del patrimonio municipal, una vez incorporados al proceso de urbanización y edificación, deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública o a otros usos de interés social.

Precisamente, en la actualidad se está dirimiendo, también en los tribunales, cómo se ejecuta esa primera sentencia del TSJ, ya que la empresa que compró las parcelas ha construido las viviendas, que están pendientes de la entrega de las llaves a los compradores. El tribunal obliga a declarar protegidas las casas afectadas, lo que beneficiaría a los compradores. Mariano San Martín recurrió de nuevo la venta de otras parcelas, acordada en la Junta de Gobierno Local del 17 de febrero del 2005, recurso que es el que ahora ha resuelto el Contencioso siguiendo ya la tesis del TSJ. Este fallo puede ser recurrido, precisamente, ante la misma sala del Tribunal Superior que dio la razón al ex concejal de izquierdas.

San Martín valoró ayer satisfactoriamente este nuevo fallo, aunque lamentó que la lentitud de la justicia haya demorado la resolución tres años desde que presentó el recurso. "Alguien debiera dimitir en el Ayuntamiento por estas ilegalidades, que cometieron incluso sabiendo que eran ilegales, ya que el Procurador del Común avisó en el año 2002 a los ayuntamiento de más de 20.000 habitantes que no podían vender parcelas municipales para construir viviendas de precio libre", aseguró ayer San Martín.