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El Sepes se convertirá en agente urbanizador de El Crucero Oeste y, a cambio, se quedará con un porcentaje significativo de la superficie edificable con destino a viviendas de promoción pública. Es, en síntesis, la propuesta que ayer se puso sobre la mesa durante la reunión que mantuvieron propietarios de parcelas afectadas (al menos un 70 por ciento pertenece a una promotora), representantes de la Entidad Pública Empresarial del Suelo, el alcalde Fernando Campo y la edil de Urbanismo, Aitana Hernando. "Nos han solicitado una semana para pensarlo. Tendrán que estudiarlo, pero desde el Ayuntamiento se les ha urgido para que el tema quede resuelto antes de final de mes. Sino tendremos que tomar otras decisiones". Se adoptarán otras medidas para desarrollar el sector, aseguró Campo.

El proyecto de expansión urbanística, que se sustenta en el acuerdo formalizado hace ya dos años en Miranda por la entonces ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, prevé la construcción de 720 pisos de promoción pública y doscientos más de precio libre. Las primeras suponen "alrededor del 60 por ciento" del sector y, por tanto, de aceptarse las condiciones planteadas, el Sepes sería su titular "bien para actuar directamente bien para ofrecérselo a constructores con el mismo criterio de ser de promoción bien a cooperativistas, etcétera. Al mismo tiempo, el suelo destinado al mercado de venta libre se les entrega para que vendan cuando quieran", simplifica Campo quien rehuye los detalles hasta no vislumbrarse una solución definitiva porque "el esquema final es bastante más complicado".

La intervención del Sepes se produce después de que "ellos (en alusión a los propietarios) se comprometiesen a desarrollar un plan después de recurrir el acuerdo y dos años después, todo está como está", en referencia a lo que el Ayuntamiento entiende como avance nulo. Lo que sí se evidencia es un claro cambio de actitud por parte de la entidad pública de gestión del suelo. Y es que no ofrece ya dinero por los terrenos. Directamente opta por asumir la urbanización e implantar toda la red de sistemas generales. Una forma de actuar similar a la que la Junta tiene respecto al proyecto de La Arboleda, en el que también se prevé edificar más de 800 viviendas de las que el 54 por ciento se destinarán a sectores de población con menor poder adquisitivo.

Intento fallido

Hace dos años el Sepes pretendió comprar el suelo a través del Ayuntamiento. Pero la propuesta económica que se realizó molestó a los afectados. De hecho, tal y como reflejó este periódico, los propietarios de las fincas consideraron "injusta" la oferta económica de 40 euros el metro cuadrado que se les puso sobre la mesa. Y es que, argumentaban, desde el sector privado se les habían trasladado propuestas que se movían entre los 100 y los 120 euros. Se acababa de aprobar en pleno el Programa Municipal de Suelo de este sector, que daba prioridad a la expropiación. En aquella sesión, desde la bancada de la oposición, con Pablo Nieva a la cabeza entre los concejales no adscritos, se llegó a poner en duda la legalidad de la fórmula. Y el PP, a través de su portavoz Jorge Castro, habló incluso de presión hacia los promotores.

"Ahora el Sepes no compra; urbaniza, realiza los sistemas generales y a cambio pide que le den el porcentaje de viviendas para VPO", reitera el alcalde. Una propuesta que llega en un contexto económico de crisis -con especial incidencia en el sector inmobiliario y la construcción- y, por tanto, radicalmente distinto al de hace dos o tres años. "Antes había posibilidad de desarrollar el polígono desde la iniciativa privada. Ahora las posibilidades son cero. Sólo es factible desde un agente público.