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Los jueces dictan en un año 1.543 órdenes de alejamiento contra agresores de mujeres

13:39:22 - 15/04/2008VMT -Un estudio sobre 92 víctimas revela que en más de la mitad de los casos se incumplen las medidas de protección

Más de la mitad de los agresores han incumplido en una o más ocasiones la orden judicial de alejamiento. Éste es uno de los datos recabados por el Observatorio de Género Regional tras realizar una encuesta a 92 víctimas de malos tratos atendidas en la red asistencial de la Junta. De ellas, el 31,75% había declarado que el agresor había incumplido alguna medida de protección dictada por el juez una vez; el 12,72% había sufrido esta situación dos veces; el 4,76% en tres ocasiones y, según fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, algunas, aunque en porcentaje menor, relataban mayores reincidencias.

La segunda sesión plenaria de este organismo de análisis de la violencia machista se reunió ayer bajo la presidencia del consejero de Familia, César Antón, para realizar un balance de las actividades del pasado ejercicio y poner en marcha las del presente año.

El responsable de la Junta destacó, respecto a las conclusiones del estudio sobre la violencia doméstica, que las mujeres conocían la red de recursos administrativos de ayuda y que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado se presentaron 5.265 denuncias en Castilla y León. Los jueces dictaron 1.543 medidas de protección, distintos grados de alejamiento del agresor respecto a su víctima, de las que el 65% fueron solicitados por mujeres de nacionalidad española. En el 70% de los casos, el hombre denunciado no era extranjero.

El Observatorio también presentó el informe sobre la situación actual de la mujer en la comunidad. Los datos reflejan que, en Castilla y León, sobre una población de 2.523.020 personas, 1.275.862 son mujeres, el 50.57%. La mayoría, el 52,59%, vive en capitales de provincia y, el 49,14% restante, en zonas rurales.

En cuanto a la situación laboral y a pesar de suponer más de la mitad de los habitantes, sólo el 38,85% de la población ocupada es mujer y más del 60% está en el paro o es inactiva. No obstante, hay datos que «permiten afirmar que la integración de las mujeres en el mercado laboral es una realidad que tiende a consolidarse», destaca la Junta. Así, durante el periodo 2003-2006, el diferencial de la tasa de paro masculino y femenino se ha reducido hasta situarse en 21,21 puntos porcentuales dentro de una evolución positiva general en Castilla y León de 3,36 puntos en dicho periodo de tiempo. Por provincias, Valladolid, con el 48,68%, y Segovia, con el 47,18%, son las de tasas de actividad femenina más alta.

Por sectores laborales, el mayor número de mujeres empleadas se concentra en el de servicios, donde trabaja el 84,54% de la actividad femenina, seguido a considerable distancia por agricultura, industria y construcción.

El consejero César Antón también destacó como dato relevante, respecto a las mujeres que ocupan cargos directivos, que la mayoría no es partidaria de cuotas sino de la formación y, respecto a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, es en las empresas familiares en las que más facilidades se dan.

Respecto a los proyectos para el 2008, el consejero avanzó la realización de un estudio sobre la situación de la violencia doméstica en la juventud, otro sobre las diferencias del medio rural y el urbano, las dificultad de acceso al trabajo, la elaboración de un barómetro sobre la igualdad fuera de la capital así como la realización de una jornada sobre el tratamiento informativo de esta lacra social.

Por otra parte, la Comisión Territorial contra este tipo de violencia de Valladolid, en su primera reunión tras su constitución el pasado mes de noviembre, acordó la creación de seis grupos de trabajo para atender diferentes sectores.

El primer grupo se ocupará de la violencia en menores, el segundo tratará lo referente a la protección y seguimiento del maltrato en mujeres mayores o discapacitadas y, el tercero, trabajará en los recursos de asistencia, tales como casas de acogida, centros de día y centros de emergencia. El cuarto grupo de trabajo se centrará en las cuestiones relacionadas con la seguridad y el quinto se ocupará de la normativa que recoge el problema de la violencia doméstica.

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