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La Tesorería de la Seguridad Social rechaza rotundamente que haya retrasos o problema alguno en la gestión del alta de los cuidadores familiares de dependientes y asegura que el Real Decreto 615/2007 del 11 de mayo regula al detalle su aplicación. El Ministerio de Trabajo e Inmigración arremete así contra la Junta de Castilla y León que asegura tener reconocidos 104 casos de cuidadores no profesionales, pero que no ha podido hacer efectiva la prestación económica porque no está resuelto cómo dar de alta en la Seguridad Social a estos beneficiarios.

La Tesorería destaca que para empezar, de Castilla y León, hasta ahora sólo ha habido dos solicitudes de alta, en las provincias de Segovia y de León, sin que pudieran tramitarse porque la Consejería de Familia «no ha emitido el documento identificativo que permite la solicitud de convenio especial de estos cuidadores» y pese a reclamárseles tal acreditación no ha habido respuesta por parte de la Administración regional.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, asegura que todo esto es un auténtico «disparate» dado que «el primer texto de desarrollo de la Ley de Dependencia regula la cotización, pactado además con los responsables autonómicos de Acción Social y sin que ninguna comunidad pusiera problema alguno». «Hay ocho mil españoles, cuidadores familiares, dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, perfecta y ágilmente solucionado. Sólo Castilla y León y Madrid no lo hacen».

Para darse de alta, el beneficiario «sólo tiene que tener el documento de reconocimiento de que efectivamente es un cuidador familiar, debe emitírselo la Junta y con él acudir a cualquier oficina de la Seguridad Social y firmar». «Si el interesado ya cotizaba, por la razón que fuera, no hace falta que vuelva a hacerlo, si no, el Estado cotiza por él y si pide reducción de jornada para encargarse de un pariente dependiente acordará un convenio voluntario que definirá que parte cotiza él y cual el Estado... todas las situaciones están resueltas en el convenio».

Al salir el Real Decreto «y para poder dar altas se estableció un documento de reconocimiento de la categoría de cuidador familiar, suficiente para el alta pero a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León no le gustó, les dijimos que nos dijeran cual querían y nunca nos lo han mandado». La Seguridad Social admite no obstante cualquier certificado con unos datos mínimos como el grado de parentesco para quitar problemas de tramitación pero de esta autonomía no llegan».

Detrás de la falta de ayuda económica a los beneficiarios que ya la tienen reconocida en la región no parece haber tanto un problema de enfrentamiento político como de financiación. Según destaca Octavio Granado cuando «desde Madrid se ha preguntado a la Gerencia, la explicación ha sido que el tema está en la Intervención, no está claro si hay fondos económicos para pagar las ayudas (de hasta 561 euros mensuales)». El secretario de Estado de la Seguridad Social señala que el Ministerio de Trabajo ha enviado dinero de la Ley de Dependencia pero «realmente no lo han utilizado para ninguna ayuda nueva».

Añade que «este dinero ha ido a parar a la cuenta común, a la caja única, y cuando ha hecho falta para dar estas prestaciones económicas a los cuidadores se han encontrado con que no tienen dinero», e insiste en que la Junta justificó además los gastos a finales del 2007, lo hizo con personas que ya estaban en residencias de mayores y llegó a su tope». «La Ley de Dependencia -añade- aporta dinero para casos nuevos, no los hay en Castilla y León».

En el año 2007 la región recibió 9.709.185 euros del Imserso el pasado 28 de diciembre de de los 194,65 millones que recibieron las quince comunidades de régimen fiscal común. Este año todavía no ha recibido nada.