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Problemas de desarrollo legislativo, dificultades para darse de alta en la Seguridad Social, fallos informáticos, desinformación, falta de recursos... están detrás de una lenta y todavía desorientada aplicación de la Ley de Dependencia. Esta normativa estatal reconoce un derecho, el de la atención a través de servicios o ayudas económicas, a las personas que no son autónomas para valerse por si mismas; pero modifica las tradiciones prestaciones de los Servicios Sociales de la Junta y su complejidad ha hecho que hasta apenas unos días antes de que cumpliera su primer año, nadie hubiera recibido prestación alguna en Castilla y León. Ahora ha avanzado, tiene un reglamento más completo, pero así lo constatan técnicos que se dedican a su tramitación «sigue atascada». Un informe interno de la Diputación de Valladolid, que afecta a los pueblos menores de 20.000 habitantes, es decir no incluye en sus datos ni la capital ni Laguna de Duero o Medina del Campo, revela que en realidad los pueblos pequeños no disfrutaban de ayuda alguna de la Ley de Dependencia tras dieciséis meses de aplicación de la ley. Literalmente recoge que «en la actualidad, abril del 2008, se están realizando los primeros trámites de audiencia y consulta con los usuarios, donde se les informa sobre las prestaciones, servicios, efectos retroactivos según el Plan Individualizado de Atención (PIA), que les corresponde, orientándolos sobre la elección que deben realizar. Se están realizando de manera centralizada en le Gerencia Territorial de Servicios Sociales y, en breve (comienza a realizarse ahora, en julio) pasarán a hacerse en los Ceas, con el trabajador social asignado». El informe que fue requerido por el PSOE para conocer la situación en estas localidades, también destaca que los usuarios que tienen resuelta su situación son los que ya estaban en una residencia y deciden continuar en ella. Destaca el diputado socialista, Juan José Zancada, que según los datos que le han facilitado verbalmente de la capital «la situación es parecida». Destaca que «la Junta está tramitando y se para justo en las resoluciones porque tras los dictámenes y el plan individual viene el reconocimiento del derecho a determinada prestación y un usuario con tal documento podría reclamar judicialmente un derecho reconocido ya por la administración». Insiste asimismo el secretario provincial del PSOE, Jorge Félix Alonso, que la mayoría de las prestaciones reconocidas son las que ya lo estaban antes, las de las residencias y que se ha avanzado poco y se facilita «escasa información». Demanda El Informe de la institución provincial, a fecha del 26 de mayo, contabilizaba 4.925 solicitudes con un ritmo de demanda semanal de 86 casos. De las 4.610 solicitudes subsanadas a 25 de abril del 2008, 1.100 son de estas localidades de menos de 20.000 habitantes, las gestionadas por los trece Ceas dependientes de la Diputación, incluidos los de cercanías I (Arroyo, Ciguñuela, Geria, Simancas, Villanubla y Zartán) y el II (Boecillo, Cistérniga, Fuensaldaña, Renedo, Santovenia y Viana). Según este mismo balance de los expedientes, con dictamen ya realizado hay 245 casos y 138 están sólo pendientes del mismo. La gerente de Servicios Sociales, Milagros Marcos, destaca que en la actualidad la «bolsa acumulada de solicitudes ya está prácticamente al día» y que «el balance de entradas y salidas de solicitudes está prácticamente equilibrado». Destaca asimismo que aunque hubo muchos problemas para las altas en la Seguridad Social, en la actualidad hay una buena coordinación. No obstante, reconoce que hay importantes problemas en los casos en que la prestación solicitada es la de asistente personal porque primero apuntaron al régimen general, después a que el dependiente se hiciera autónomo; «lo cual era una barbaridad y, finalmente, parece que la vía es que se haga autónoma la persona contratada que se va a encargar de los cuidados, pero se le exige una formación no regulada y además en muchos casos son inmigrantes o servicio doméstico y hace falta estar totalmente regularizado. La realidad va por una parte y la regulación establecida por otra». Por su parte, el PSOE destaca que según los datos del Ministerio de Educación, Política Social y Deportes, hay 12.861 beneficiarios con derecho a prestación en castilla y León y que quitando los 23 cuidadores familiarizarse reconocidos, el resto aparece como prestaciones sin especificar. Destaca Jorge Félix Alonso quien «han estado dos años jugando a la contra de esta normativa y ahora, aunque parece que ya quieren resolverlo y dar prestaciones, es difícil superar los retrasos. se han dedicado a atacar al Gobierno de España y hubieran hecho más si se hubieran puesto a ello. La prueba es que el ritmo de aplicación de otras comunidades es mucho mayor e, incluso, hay mociones, como la dirigida al Pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero, en la que reclaman la cofinanciación de la Ley de Dependencia pero Madrid no da dinero porque no han puesto en marcha los servicios».