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"La inactividad del equipo socialista en este tema comienza a rozar lo sospechoso", manifestó el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Alfonso Polanco, durante la presentación de la moción que defenderán mañana en el pleno municipal para solicitar que se suspenda la tramitación del expediente y se declare nulo de pleno derecho el acto de concesión de licencia de obras sobre un inmueble situado en la esquina de la avenida República Argentina con Nuestra Señora de Rocamador, propiedad de la empresa Urbanas Agrupadas, de la que forma parte el ex concejal de Urbanismo del PSOE Jaime Herrero, junto con sus familiares.

Los populares quieren que se anule esta licencia para que el Ayuntamiento no se vea obligado a pagar una indemnización a los propietarios, que han presentado una demanda judicial contra el pago de aprovechamientos urbanísticos aprobado por el Ayuntamiento, que los cifró en 50.000 euros, mientras que la empresa considera que este pago debe ascender a casi 3,5 millones de euros.

El Juzgado Contencioso Administrativo está a punto de dictar sentencia, y ante la posibilidad de que se dé la razón a la sociedad Urbanas Agrupadas, los populares plantean una moción en la que se pide se inicie un expediente de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho, que conlleve además la remisión al Consejo Consultivo de Castilla y León de una copia de todo el expediente para que emita un dictamen favorable a la nulidad de la concesión de la sentencia.

Los populares habían pedido inicialmente al equipo de gobierno socialista que la Secretaría General del Ayuntamiento elaborase un informe para determinar si es posible iniciar la revisión de oficio del expediente, tal y como ha planteado uno de los abogados municipales al conocer la existencia de la demanda judicial planteada por Urbanas Agrupadas.

El equipo de gobierno no tuvo en cuenta inicialmente el informe de su letrado, por lo que los populares solicitaron a la Secretaría General que se pronuncie sobre la solución aportada por el abogado municipal para frenar la posible condena judicial. Pero ante la falta de respuesta a esta petición, los ediles del PP han optado por plantear una moción en el pleno que se celebrará mañana para que se suspenda el expediente referido a la licencia de obras, que permitirá el derribo del inmueble y la construcción de nuevas viviendas.

"Estamos dando al Ayuntamiento todos los argumentos para que el Ayuntamiento no tenga que pagar una importante cantidad de dinero a una empresa. Le estamos dando todas las oportunidades al equipo de gobierno, porque nuestra intención es que las arcas municipales no se vean perjudicadas", explicó Alfonso Polanco, quien anunció que si el equipo socialista rechaza la moción "tendremos que acudir a la Fiscalía para presentar todos los hechos y pedir responsabilidades al alcalde", indicó Polanco.

El portavoz de los populares explicó que su grupo no tiene nada en contra de la empresa, pero señaló que no puede permitirse que una sociedad particular pueda beneficiarse económicamente a costa del Ayuntamiento por unos derechos adquiridos basándose en un acto nulo y anulable.

Por su parte, el concejal del PP Jesús Mateo Pinilla explicó que la autorización para derribar el edificio y construir nuevas viviendas concedida a Urbanas Agrupadas fue ilegal porque se efectuó durante un periodo obligatorio de suspensión de licencias, ya que el inmueble estaba afectado por un cambio en su catalogación urbanística.

El edificio no cuenta con el planeamiento todavía vigente con ningún tipo de protección, pero en el Plan General de Urbanismo que se está tramitando se aceptó una propuesta para otorgarle protección ambiental debido a su valor arquitectónico. Sin embargo, los propietarios habían pedido anteriormente licencia de derribo, y el Ayuntamiento la concedió sin tener en cuenta que acababa de conceder la protección al inmueble, que impide su demolición. Ante esta contradicción, el Consistorio anuló la protección. Los populares sostienen que la licencia no podía haberse concedido, ya que tenía que haberse aplicado la suspensión de la concesión, tal y como obliga la normativa urbanística.