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Fenadismer, Confedetrans y Antid, las tres organizaciones que han sostenido durante una semana un paro patronal en el transporte de mercancías, optaron ayer por abandonarlo, superados por la mano dura impuesta por el Gobierno y la falta de ingresos de sus asociados. El presidente de Fenadismer, Julio Villaescusa, afirmó que los camioneros "suspenden temporalmente" el paro "para no ocasionar más daño a la maltrecha economía del sector". Todo un circunloquio que esconde el agotamiento de unos profesionales que durante el fin de semana hicieron saber desde las agrupaciones provinciales a los convocantes que no podían aguantar más tiempo sin trabajar.

"Si tienes que cargar el camión y llevarlo a su destino, tienes que cargarlo y llevarlo a su destino, eso es así", reconoció el propio Villaescusa, que cifró en 2.713 millones el impacto en el sector del alza del precio del carburante en el último año. De este modo, sólo la Plataforma para la Defensa del Transporte, muy minoritaria, mantiene abierta una protesta activa con la que pretende -sin ningún éxito, por ahora- trasladar miles de camiones hasta Madrid para protestar allí.

Villaescusa aseguró que las tres organizaciones están "indefinidamente dispuestas" a dialogar con el Gobierno para alcanzar una solución que permita al transporte salir de la crisis que atraviesa. A su juicio, "el Gobierno sólo ha conseguido taponar la herida sangrante de este sector, pero no curarla, con lo que antes o después volverá a abrirse".

"No somos un sindicato, y aquí no hay directrices; si las empresas no son capaces de repercutir el incremento del precio del gasóleo, la huelga estará de nuevo servida; y el límite es pequeño porque llevan meses en pérdidas", añadió. Pero el fantasma de nuevos paros se aleja ya que, como reconocen fuentes de la propia Fenadismer, "la gente ha vuelto a trabajar". Como alternativa al paro, Villaescusa avanzó que el sector realizará "otras movilizaciones". La primera, dijo, será una manifestación en Madrid mañana miércoles que el colectivo pretende que concluya ante el Ministerio de Fomento. La concentración está comunicada en tiempo y forma a la Delegación del Gobierno, aunque en nombre de la Asociación Nacional de Empresas y Profesionales Autónomos (Asnepa).

Villaescusa y los representantes de Confedetrans y Antid cargaron contra el Gobierno y las grandes patronales. Y les acusaron de "cerrar en falso" la crisis con un acuerdo que es "un papelajo que no resuelve nada, firmado de forma irresponsable y a espaldas de los pequeños y medianos transportistas". También afirmaron que las grandes organizaciones subcontratan a menudo a miles de camioneros y actúan más como cargadores que como transportistas, con lo que el pacto es tan sólo "una pantomima. La zorra está dentro de casa", sentenció, en referencia a la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

Los huelguistas denunciaron la "inoperancia, pasividad y la desidia" de un Ejecutivo que "ha tratado de acallar el clamor de miles de transportistas con su maquinaria policial y de represión".

El Ministerio de Interior fue objeto de intensas críticas por parte de las tres organizaciones, que aseguraron que el Gobierno ha tratado de "criminalizar" a un colectivo formado por más de 300.000 profesionales "a los que se les ha pretendido imputar toda la responsabilidad de actos violentos aislados cometidos por una minoría". Villaescusa se felicitó por el seguimiento del paro ya que "a los pobres y pequeños les cuesta mucho hacerse oír". Al tiempo, exigió la inmediata liberación de los camioneros que están "inmovilizados" en las carreteras.

Aunque no precisó su discurso, Villaescusa dio a entender que la cláusula de actualización de precios en función del carburante (una de las 56 medidas contenidas en el pacto entre Fomento y la mayoría del sector) podría ser una clave importante en el conflicto, toda vez que el Gobierno se ha negado a establecer una tarifa mínima para los camioneros. Según consta en el acuerdo, la citada cláusula no entraría en funcionamiento si cargador y transportista así lo acordaran por escrito. Algo que para el portavoz de los camioneros "no ha funcionado nunca y tampoco funcionará ahora". Pero Villaescusa abrió una nueva puerta al considerar "muy importante" que se establezcan sanciones para los que habiendo rubricado la revisión del precio la incumplan. "Una ley sin régimen sancionador es inútil", concluyó.