Noticias Ya.com

El Gobierno estudia comprar suelo a las promotoras e inmobiliarias para construir viviendas protegidas. La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha reconocido que "es un buen momento para valorar esa posibilidad puesto que parece que los precios son asequibles para construir VPO", mientras ha pedido tranquilidad a los más de 800 trabajadores de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa.

Corredor ha puntualizado que el Ejecutivo podría optar por esta vía porque requiere suelo "asequible" y no por su voluntad de reflotar las carteras de las empresa del sector. Además, ha asegurado que esta opción no guarda relación con la crisis de la compañía presidida por Fernando Martín, que en Valladolid ha dejado en el aire el futuro de 350 hectáreas, en el entorno del camino de Fuente Amarga, entre Renedo y La Cistérniga. El grupo dispone también de 1.244 parcelas de diferentes tamaños en la urbanización La Cañada del Conde, de Aldeamayor de San Martín.

Martinsa-Fadesa se encuentra todavía a la espera de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de La Coruña declare su suspensión de pagos, ya que el organismo ha pedido a la directiva de la inmobiliaria que complete la información aportada en su solicitud de concurso voluntario de acreedores. En un plazo de diez días hábiles, deberá subsanar "un defecto documental". Mientras, Martinsa ha informado de que también se ha presentado solicitud de suspensión de pagos a seis de sus filiales, en concreto las sociedades Jafemafe, Inmobiliaria Mar Plus, Fecler, Inomar, Town Planning Consultores y Construcciones Pórtico.

Decenas de clientes ya han acudido a las organizaciones de consumidores para consultar sus derechos y dudas ante los problemas económicos de la empresa, que el periódico estadounidense The Wall Street Journal ha definido como "la mayor víctima europea del estallido de la burbuja inmobiliaria". Las consultas de los afectados giran en torno a la incertidumbre sobre el plazo de entrega de las viviendas compradas y respecto a los importes que han adelantado. Martinsa-Fadesa cuenta con 12.578 viviendas pendientes de entrega, valoradas en más de 2.000 millones de euros. La Asociación General de Consumidores considera que la presentación del concurso de acreedores no debería interrumpir la actividad de la empresa y marcó como prioridad la entrega de los domicilios a los compradores.

Por otra parte, ayer se conoció que el principal accionista de Martinsa-Fadesa, el vallisoletano Fernando Martín, vendió hace algo más de un año las participaciones minoritarias que tenía en valores cotizados (Unión Fenosa, Santander, Telefónica y BBVA) y destinó la mayor parte del importe obtenido al grupo inmobiliario. Martín reconoció a comienzos del 2006 contar con alrededor del 3 por ciento del capital de Unión Fenosa y algo menos del 1 por ciento de los de Telefónica, BBVA y Santander, inversiones a las que, según indicó entonces, había destinado unos 552 millones de euros. En el caso de su participación en la eléctrica, llegó a alcanzar el 4 por ciento. En la actualidad, Fernando Martín cuenta con una participación del 45,12 por ciento del grupo inmobiliario, del que es primer accionista por detrás de su socio Antonio Martín (14,98 por ciento).

El lunes continuarán las reuniones sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que la inmobiliaria ha presentado y que afecta a 234 trabajadores, una cuarta parte de la plantilla. Las negociaciones se reanudarán después de que los representantes de los trabajadores rechazaran las condiciones del ERE, que contempla una indemnización de 25 días por año trabajado.

La Federación de Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras aseguró que exigirá a Martinsa-Fadesa la presentación de un "verdadero" plan de viabilidad que garantice la continuidad de la empresa y el mantenimiento de la plantilla. Por su parte, la Unión General de Trabajadores anunció su intención de personarse en el concurso voluntario de Martinsa para tener acceso a toda la documentación del proceso y poder trabajar así "en la búsqueda de estrategias y salidas alternativas al conflicto".

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró que su Gabinete no tiene una predisposición "ni a favor ni en contra" del ERE, aunque aseguró que lo estudiará "en profundidad". Si bien, el titular de Trabajo añadió que su Ministerio tomará finalmente una decisión "en función de la legislación vigente". "Si el expediente reúne todos los requisitos que establece la legislación, lo tomaremos en consideración y habrá la resolución que corresponda", apostilló.