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Las aguas vuelven a bajar revueltas en Proinserga. Las últimas inyecciones económicas en forma de avales y el plan de prejubilaciones pactado y subvencionado no han sido suficientes pasa aliviar la crisis laboral y financiera de la que intenta salir la fábrica de productos cárnicos de Primayor Elaborados, la conocida "choricera".

Los acontecimientos se han precipitado, sobre todo desde que el Grupo Palacios se echara atrás en su decisión de adquirir la producción de la planta segoviana. La comisión de seguimiento se reunió el martes en Valladolid. Los sindicatos mayoritarios (Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras) rechazaron, al término de la entrevista, el nuevo expediente de regulación de empleo presentado "unilateralmente" por la dirección de la compañía agroalimentaria, según ha comunicado el representante de CC. OO., Javier Cantalapiedra.

La historia se repite prácticamente un año después. Por estas fechas, los trabajadores de la "choricera" se manifestaban por las calles de Segovia para exigir una salida a la crisis y al endeudamiento de la empresa. Se veían en la calle. El proceso concursal se saldó con 140 operarios en la calle. Después de que pareciera que el grupo agroalimentario comenzaba a levantar cabeza y salir a flote, las últimas noticias han hecho que los trabajadores vuelvan a "desmoralizarse", ha lamentado Javier Cantalapiedra. Y es que los augurios invitan al pesimismo.

La sociedad en la que se integran la "choricera", la fábrica de piensos de Proinserga SA en Fuentepelayo y la explotación de Castileón 2000 ubicada en la localidad palentina de Guardo, expuso en la reunión de la comisión de seguimiento los detalles de esta nueva regulación de empleo.

La medida afectaría a 63 trabajadores de la planta cárnica de Segovia, explica el responsable de Comisiones Obreras. La dirección de la empresa pretende una reducción de jornada del 30,5 por ciento durante los próximos seis meses, lo que equivale a 39 días de trabajo. Asimismo, la propuesta de la regulación va acompañada de un aumento de la productividad, la reformulación de la prima de productividad y la congelación salarial durante un año.

UGT y CC. OO. ha expresado su rotundo rechazo a este expediente, ya que la actuación impulsada por la sociedad representa "una merma importante del poder adquisitivo de los trabajadores, que ronda una pérdida del 40 por ciento", subrayó el portavoz sindical.

Además del rechazo al expediente de regulación de empleo, las centrales mayoritarias presentes en la mesa de seguimiento de la crisis de Proinserga también han elaborado una serie de propuestas y sugerencias para que los responsables del grupo tomen nota. Entre las soluciones lanzadas por los sindicatos se halla la búsqueda de fórmulas alternativas, "que las hay", según apostilla el responsable de Comisiones Obreras. Para ello, las organizaciones se han postulado para participar de forma activa en el proceso de reflotación de la compañía, como ya hicieran cuando salió a la luz la problemática situación financiera y laboral de Proinserga.

Javier Cantalapiedra extrae algunas conclusiones del encuentro del martes y aventura las causas que han devuelto la amenaza de cierre a la "choricera", según las peores perspectivas de las centrales sindicales. Para el portavoz de CC. OO., en los últimos meses la empresa ha vivido en una especie de transición marcado por el anuncio de compra de la producción de la planta cárnica segoviana realizado por el Grupo Palacios. En ese tiempo "no ha comprado materia prima ni ha captado contratos", relata Cantalapiedra, lo que ha desembocado inevitablemente en una reducción de la productividad, que es el motivo al que aluden los responsables de la sociedad para impulsar el proceso de regulación de empleo y la congelación salarial.

Este paréntesis en la actividad de la "choricera" ha coincidido con la crisis y la desaceleración del mercado, añade el responsable de CC. OO., lo que ha agravado la problemática financiera del grupo, que se ha visto zarandeado por el aumento de los costes en la cadena de producción y por la disminución del consumo.

Al final, será el juez el que decida sobre el futuro de esos 63 trabajadores que se ven afectados por la reducción de jornada incluida en la propuesta de regulación de empleo que presentaron por primera vez los directivos de la compañía el martes en la mesa de seguimiento de Proinserga.

Pero este pronunciamiento no se producirá antes de septiembre, augura Cantalapiedra, ya que antes se tiene que desarrollar el periodo de consultas. Mientras tanto, los sindicatos no quieren perder el tiempo y van a enfocar sus esfuerzos en negociar y articular mecanismos junto con la dirección de la planta y los representantes de los trabajadores de la fábrica para salvaguardar la economía y el trabajo de los operarios. Una de las opciones que se barajan son las bajas incentivadas. Otra de las alternativas parece obvia, ya que pasa por incrementar la productividad de la fábrica cárnica segoviana.