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Nueve de cada diez inmigrantes (89 por ciento) suspenden la labor de las administraciones públicas (locales, regionales y estatales) en lo que respecta a su colectivo y el 11 por ciento que la aprueban lo hacen con un cinco raspado, según se desprende de una encuesta realizada por la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), en la que sólo el 7 por ciento de los extranjeros afincados en la provincia asegura haber recibido algún tipo de ayuda pública desde su llegada.

Los nuevos vecinos de Valladolid, eso sí, se consideran integrados (el 99 por ciento respondió que sí) y el 80 por ciento afirman que reciben el mismo trato por parte de los empresarios que un español. Este último porcentaje no implica que estén de acuerdo con dicha relación y el 67 por ciento de los inmigrantes encuestados suspenden precisamente el trato que reciben por parte de los patronos. "Quizás no estemos ante una encuesta demasiado científica, pero lo que pretendíamos era conocer las sensaciones y a la percepción de los extranjeros que viven en Valladolid", explica José Luís González, responsable del proyecto "P-i-activa" desarrollado por la CVE.

Y dicha percepción es más que positiva en apartados como la sanidad (sólo el 5 por ciento suspende este servicio y el 40 por ciento la valoran con un sobresaliente) o las relaciones personales tanto con los españoles como con el resto de extranjeros residentes en Valladolid. La situación cambia, y mucho, cuando lo que puntúan es la situación del mercado laboral y de la vivienda. Así, siete de cada diez inmigrantes suspenden sus condiciones laborales y el 42 por ciento reconoce que ha tenido dificultades para acceder a una vivienda digna por culpa de los precios y, sobre todo, la "desconfianza de los propietarios".

El 94 por ciento de los extranjeros aseguran que llegó a España por motivos económicos y, una vez aquí, se encontraron con muchas dificultades para acceder al mercado laboral. "Está claro que los inmigrantes vienen a trabajar y lo que hay que hacer es generar vías regulares de acceso a los puestos de trabajo y fomentar las actividades interculturales para garantizar su integración efectiva en la sociedad", según consideró el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, José Luís Díez-Hoces.

De ahí que la CVE pretenda crear bolsas de trabajo gestionadas por asociaciones de inmigrantes para facilitar las contrataciones.